ADENEX lamenta que Cultura deje caducar los expedientes de declaración BIC

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, ADENEX, se ha dirigido a la Consejería de Cultura para lamentar que se repitan las declaraciones de caducidad de los expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

En los últimos años han sido cuatro los expedientes que la Consejería de Cultura ha iniciado para declarar como BIC y finalmente ha declarado caducados decayendo por lo tanto el reconocimiento como BIC: dos veces en el caso de la localidad de Vegaviana, en los años 2011 y 2018, Alcántara en 2020 y el Silo de Mérida también en el 2020.

La Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura establece en su artículo 9.3.”que el expediente de declaración se resolverá en el plazo máximo de 16 meses, contados desde la fecha en que fue incoado el procedimiento. La caducidad del expediente se producirá si una vez transcurrido dicho plazo se solicita el archivo de las actuaciones y dentro de los 30 días siguientes no se dicta resolución”.

Esta asociación cree que esta reiteración en la caducidad de expedientes puede deberse a una dejación de funciones de la Consejería o a un uso político torticero de la legislación para ceder ante determinados gestores municipales. Y ello sucede a pesar de que los bienes afectados han tenido los informes técnicos correspondientes y en algunos casos además informes favorables de instituciones como la Universidad de Extremadura, la Real Academia de Extremadura o la Comisión Provincial de Patrimonio, y, por tanto, hayan quedado reconocidos unos valores históricos y culturales que deberían protegerse.

ADENEX alerta además de que son muy numerosos los expedientes de declaración de BIC que podrían estar en la misma situación de caducidad ya que llevan varios años iniciados y no resueltos.

Para la asociación con esta práctica de dejar caducar los expedientes la Consejería de Cultura está incumpliendo claramente la labor que a los poderes públicos regionales les asignan tanto el Estatuto de Autonomía de Extremadura como el resto de la normativa sobre patrimonio histórico.