La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) ha registrado formalmente sus alegaciones contra la incoación del expediente para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, la denominada Cruz de los Caídos de la plaza de América de Cáceres.

La Junta de Extremadura inició oficialmente este procedimiento mediante una resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado 18 de agosto, que abrió un periodo de información pública de un mes. En ella, la Administración autonómica sostiene que el monumento presenta valores históricos, artísticos, arquitectónicos, urbanísticos y culturales que justifican la tramitación de su declaración como BIC. 

AMECECA, por su parte, se opone a esta declaración y sostiene que la cruz es un símbolo de exaltación franquista incluido, según la asociación, en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática. Asimismo, afirma que existe una resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de 17 de abril de 2026 que ordena su retirada del espacio público.

La asociación considera contradictorio que una Administración pública tramite la declaración como BIC de un elemento cuya permanencia en el espacio público, según su versión, ha sido cuestionada por la Administración General del Estado en aplicación de la legislación de memoria democrática.

AMECECA sostiene además que la Cruz de los Caídos no reúne los requisitos de excepcionalidad, singularidad o relevancia histórica, artística o patrimonial que, a su juicio, justificarían el máximo nivel de protección patrimonial.

La resolución publicada por la Junta de Extremadura plantea, sin embargo, una valoración diferente. El expediente señala que, aunque el monumento fue levantado durante la Guerra Civil e inaugurado en 1938 como homenaje a los caídos, una intervención municipal realizada en 1984 eliminó las inscripciones y referencias explícitas de exaltación del régimen franquista. La Administración autonómica considera que su valoración patrimonial actual debe centrarse en sus valores formales, artísticos, arquitectónicos y urbanísticos, además de su papel como referencia visual en la memoria urbana de Cáceres. 

CUESTIONAN EL USO DE ESTUDIOS ACADÉMICOS

Otro de los argumentos incluidos por AMECECA en sus alegaciones se refiere a la documentación utilizada para sustentar el expediente.

La asociación afirma que varios investigadores y especialistas cuyos trabajos aparecen citados en la documentación han mostrado públicamente su rechazo al uso que la Junta de Extremadura habría hecho de sus investigaciones. Según AMECECA, algunos de estos expertos consideran que sus trabajos han sido empleados de forma parcial para respaldar la declaración como BIC.

La asociación asegura que algunos de los autores han solicitado públicamente a la Junta que retire sus nombres del expediente y deje de presentar sus investigaciones como respaldo de la declaración. A partir de estas manifestaciones, AMECECA cuestiona la solidez técnica y científica del procedimiento.

PP Y VOX DETRÁS DEL EXPEDIENTE

AMECECA sostiene asimismo que el origen del expediente no respondería a una necesidad de protección patrimonial, sino que lo vincula a una estrategia política derivada de los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en la Junta de Extremadura.

La asociación considera que la utilización de la figura del BIC con una finalidad distinta de la protección del patrimonio podría constituir un supuesto de desviación de poder.

Esta interpretación forma parte de las alegaciones y del posicionamiento de AMECECA. La resolución autonómica que inició el expediente fundamenta la incoación, en cambio, en la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en los informes técnicos encargados por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental. 

Para elaborar sus alegaciones, AMECECA asegura haber contado con la colaboración de especialistas en Historia, Patrimonio Cultural y Derecho. Entre las personas que menciona se encuentran los investigadores Jesús Vázquez Domínguez, Francisco Navarro López y César Rina Simón.

La asociación solicita que se declare la improcedencia de continuar la tramitación del expediente de declaración como BIC de la Cruz de los Caídos y que se acuerde su archivo definitivo.

También reclama el cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que, según AMECECA, ordena la retirada del monumento por formar parte del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

La asociación asegura que sus alegaciones pretenden defender tanto la memoria democrática como la preservación rigurosa del patrimonio histórico, y reclama que el proceso se desarrolle desde el rigor científico, la transparencia administrativa y el respeto al ordenamiento jurídico.