Aprueban el Estatuto del Becario: claves y qué cambia para las personas en formación práctica

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes el proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, una norma que responde a los objetivos de la reforma laboral de 2021. La norma delimita la frontera entre las relaciones laborales y las actividades formativas y permitirá erradicar prácticas fraudulentas que encubren una relación laboral, lo que supondrá el incremento del empleo juvenil.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado que la aprobación de la norma es muy oportuna porque ayer se superó la cifra de dos millones de jóvenes que han cotizado durante sus prácticas formativas no remuneradas desde el 1 de enero de 2024, de los que el 56% son mujeres. "El conocido como Estatuto del Becario que hoy hemos aprobado incide en esta línea, garantiza derechos y evita el abuso de los jóvenes estudiantes que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral", ha remarcado.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ya presentó el anteproyecto en noviembre de 2025, ha resaltado que el objetivo de la norma es "calibrar qué es la formación de calidad en España, preservarla y convertirla en un elemento de excelencia".

Garantías y derechos de las personas en prácticas no laborales

Las prácticas no laborales deberán estar vinculadas a estudios oficiales universitarios, a la Formación Profesional o las enseñanzas determinadas por los sistemas públicos de empleo. En caso contrario, se considerará que hay una relación laboral. También habrá una relación laboral si la persona en prácticas sustituye la actividad de un trabajador.

Yolanda Díaz ha explicado que, a partir de ahora, las prácticas no laborales en las empresas tienen que constar por escrito. Las empresas deberán firmar un acuerdo o convenio de cooperación con el centro formativo que recoja cuál es la formación que cada persona tiene que recibir y la duración máxima de las prácticas. Además, cada persona tendrá una doble tutorización: una persona de la empresa o administración y otra del centro formativo.

Asimismo, se prohíbe el acceso a la formación práctica mediante el pago y las personas en formación tendrán el derecho a la compensación de gastos que supone la práctica no laboral. La ministra ha avanzado que la Inspección de Trabajo eleva las cuantías y las sanciones en caso de vulneraciones, que podrán superar los 250.000 euros.

La titular de Trabajo ha reiterado que el Gobierno está volcado en luchar contra la precariedad y el paro juvenil y ha señalado que la medida aprobada hoy es lo que la gente joven estaba esperando. Díaz también ha agradecido el diálogo con los agentes sociales y ha instado al principal partido de la oposición a que apoye la norma en el Parlamento.