Denuncian actos vandálicos contra el memorial a las víctimas del franquismo en Cabeza la Vaca

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx) ha denunciado públicamente los actos vandálicos cometidos contra el memorial de las víctimas de la represión franquista en el cementerio municipal de Cabeza la Vaca (Badajoz).

Según explica la asociación, "en fechas recientes han sido destruidas y arrancadas varias lápidas con los nombres de las víctimas asesinadas por el franquismo". ARMHEx considera que estos hechos no son simples y aislados actos vandálicos, sino "un ataque directo a la dignidad de las víctimas asesinadas y una humillación intolerable para sus familiares, que durante décadas fueron privados de tener un lugar digno donde recordar a sus seres queridos".

Además, recuerda que estos hechos "vulneran la Ley 20/2022, de Memoria Democrática de ámbito estatal, que obliga a proteger y dignificar estos elementos simbólicos en memoria u homenaje de las víctimas de la dictadura franquista y sanciona los actos que supongan descrédito, menosprecio o destrucción de estos espacios".

En este sentido, la asociación señala que la vandalización podría constituir un delito conforme al artículo 510 del Código Penal, relativo a actos de humillación por motivos ideológicos, y con posible aplicación de la agravante correspondiente. ARMHEx asegura haber puesto estos hechos en conocimiento del Fiscal Delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Badajoz.

Por otro lado, la asociación considera que este ataque se produce "en un contexto de retroceso en las políticas públicas de memoria en Extremadura tras la aprobación de la denominada Ley de Concordia, impulsada por PP y Vox, que derogó la anterior norma autonómica".

Según la entidad, la Ley 1/2019 de Memoria Histórica y Democrática incluía artículos que condenaban los actos de humillación a las víctimas, reconocían su derecho a la reparación y establecían un régimen específico de protección de los lugares de memoria, preceptos que "han sido eliminados", lo que, a su juicio, supone un "retroceso normativo en la protección simbólica de las víctimas y de los memoriales" en la región.