ARMHEX denuncia: "Las ayudas para exhumaciones proceden del Estado, no de la Junta"

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) ha realizado varias puntualizaciones tras la publicación del Decreto 175/2025, de 9 de diciembre, de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, por el que se acuerda la concesión directa de subvenciones a entidades locales para actuaciones de exhumación, identificación y dignificación de víctimas de la Guerra Civil en Extremadura.

Según recuerda ARMHEX, los recursos económicos recogidos en este decreto no proceden de la Junta de Extremadura, sino del Gobierno de España, a través del Plan Nacional para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión posterior. Estos fondos fueron distribuidos entre las comunidades autónomas el 10 de junio de 2025, tras acuerdo del Consejo Territorial de Memoria Democrática, y formalizados mediante resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática el 28 de julio de 2025.

En el reparto oficial de 2025, Extremadura recibió 186.379,62 euros, destinados a proyectos concretos en Llerena, Valverde de Llerena, Miajadas y Fuentes de León. Se trata, subraya la asociación, de fondos finalistas, condicionados a actuaciones específicas como la localización y sondeo de fosas, exhumaciones, análisis antropológicos y genómicos y la construcción de un memorial, por lo que no pueden destinarse a otros fines.

ARMHEX recuerda además que la Junta de Extremadura derogó recientemente la Ley de Memoria Histórica y Democrática de 2019 tras el pacto entre PP y Vox, con el rechazo de asociaciones memorialistas y de los grupos parlamentarios de la oposición. En este contexto, la entidad denuncia que el anuncio de estas actuaciones en periodo electoral pueda servir para “blanquear” dicha derogación, al tiempo que se elimina el marco normativo autonómico que garantizaba la continuidad de las políticas públicas de memoria democrática.

La asociación memorialista considera que la sustitución de la ley derogada por la llamada Ley de Concordia supone un retroceso en derechos humanos y memoria democrática, con efectos como la eliminación del reconocimiento integral de las víctimas del franquismo, obstáculos a las exhumaciones y el incumplimiento de recomendaciones de Naciones Unidas, además de la supresión del enfoque educativo en valores democráticos.

ARMHEX recuerda, asimismo, la resolución de la ONU de 1946 que calificó el régimen franquista como de carácter fascista y defiende que la concordia solo es posible con verdad, justicia y reparación. Por ello, reafirma su compromiso de seguir impulsando desde la sociedad civil iniciativas de recuperación de la memoria histórica, insistiendo en que “el olvido no es una opción para una democracia”.