La nueva Ley del Tabaco pone en riesgo el futuro del sector tabaquero extremeño

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, considera “un ataque en toda regla a los agricultores extremeños productores de tabaco” el proyecto de Ley del tabaco que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros del Gobierno de España cuya única intención, ha insistido, es lanzar “una cortina de humo” para tapar “la incapacidad de la ministra de Sanidad para llegar a un acuerdo con los médicos para fijar su estatuto marco”.

Así ha reaccionado el dirigente agrario a la decisión de Mónica García de ampliar la zona de restricción para las zonas de consumo de tabaco: “Es un ataque directo de la ministra a Extremadura, a las comarcas del Campo Arañuelo y la Vera, y sobre todo a las familias que viven del sector tabaquero”, ha apuntado García Blanco, quien ha incidido en que el proyecto de Ley presentado hoy al Consejo de Ministros “lo único que pretende es desviar la atención sobre la corrupción generalizada del Gobierno y también la falta de gestión de la ministra con el problema que tiene desde hace tiempo sin resolver con los médicos”.

Asaja Extremadura critica que el nuevo reglamento equipare las prohibiciones existentes de fumar al uso de los productos relacionados (es decir, vapear, usar tabaco calentado, etc.) excepto el consumo de bolsas de nicotina que queda fuera de cualquier restricción y se amplíen nuevos espacios donde se prohíbe fumar, vapear o usar tabaco calentado”. En este sentido, abarca todos los espacios al aire libre incluido terrazas de bares, restaurantes, hoteles, salas de fiesta y de cualquier establecimiento de ocio; todas las playas marítimas y fluviales de España, parques nacionales naturales y piscinas de uso público colectivo o los vehículos de uso profesional.

“Lógicamente entenderemos que se seguirá fumando en lugares de alterne, fiestas en Paradores y todos aquellos otros similares en los que participen los personajes que actualmente están en la cárcel o pendientes de entrar y que tienen escape libre por parte del gobierno”, ha ironizado García Blanco. La futura ley equipara las restricciones y prohibiciones de publicidad de los productos de tabaco a los productos relacionados y los dispositivos para el consumo de tabaco (cigarrillo electrónico, bolsas de nicotina, productos herbales, dispositivos de calentamiento de tabaco), además de una severa restricción de los canales de venta de los productos relacionados: solo se podrán vender en estanco y tienda especializada: “Entendemos que se seguirá permitiendo la venta en los canales ilegales que como todo el mundo sabe se están incrementando. Igualmente, y gracias al acuerdo del presidente del gobierno podrá comercializarse sin límites todo el cigarrillo comprado en Gibraltar”.

De otro lado, por primera vez en España, se prohibiría el consumo de productos de tabaco a los menores de 18 años (no solo la venta sino el propio uso y consumo). En caso de infracción, los padres serían los responsables de la multa y sanción de sus hijos menores: “Esto es igual que con el alcohol, se van a crear patrullas de vigilancia al estilo americano de la Ley Seca. Podían darnos los datos de sanciones impuestas por haber bebido alcohol”, critica el presidente de Asaja Extremadura.

Para Ángel García Blanco, se trata de “una ley prohibicionista, sin diálogo ni evaluación de impacto para el campo y que ignora la evidencia científica sobre los distintos productos" por lo que Asaja Extremadura manifiesta “su profundo rechazo a una iniciativa de marcado carácter prohibicionista que se ha elaborado sin escuchar al sector y sin un estudio riguroso del impacto económico y social que tendrá sobre miles de familias vinculadas al cultivo y la transformación del tabaco. En Extremadura más de 20. 000 familias se verán afectadas y las dos comarcas tabaqueras desaparecerán”.

El presidente de Asaja Extremadura destaca que “una reforma de esta magnitud avance sin un proceso real de diálogo con los agricultores, cooperativas, trabajadores y territorios afectados, que tendrán que asumir sus consecuencias sin haber sido escuchados” y recuerda que “el cultivo de tabaco ya hace frente a serias dificultades con una reducción progresiva de las ayudas de la PAC y una gran presión regulatoria y de la fuerte competencia de otros países, por lo que regulaciones tan desproporcionadas y prohibicionistas como las que propone el gobierno afectarán negativamente al interés de compra de la hoja de tabaco española y extremeña en particular donde se cultiva más del 95% de la producción”.

Además, insiste en que la propuesta ignora las diferencias existentes entre los distintos productos presentes en el mercado, aplicando las mismas restricciones a todas las categorías sin considerar el principio de proporcionalidad regulatoria. La ley equipara productos de combustión tradicional con nuevas alternativas que diversos organismos y estudios científicos han identificado como mejores opciones en comparación con el cigarrillo: “Las políticas públicas deben basarse en la evidencia científica, la evaluación de impacto y el diálogo con los sectores afectados. Regular no puede significar prohibir indiscriminadamente ni legislar al margen de la realidad económica y social de las zonas productoras”.

Por ello, Asaja solicitará al Gobierno y a los grupos parlamentarios que, durante la tramitación de la ley, incorporen análisis de impacto independientes, abran un proceso de consulta efectivo con el sector y adopten un enfoque regulatorio equilibrado que diferencie entre categorías de productos y tenga en cuenta tanto los objetivos de salud pública como la sostenibilidad de las actividades productivas y del empleo asociado “y pediremos que no se fije ningún porcentaje de comisión para pagar a cualquier señor de los collares que impulsan este modelo de leyes para seguir enriqueciéndose”.