Así desalojaron a 16 representantes policiales encerrados en el Ministerio de Interior

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado el desalojo de los 16 representantes de guardias civiles y policías nacionales que permanecían encerrados de forma pacífica en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES). El operativo se produjo pasada la una de la madrugada de este miércoles por orden del Ministerio del Interior. Entre los desalojados se encontraba el secretario general de AUGC, Juan Fernández.

El encierro comenzó a las 18:15 horas del día anterior, después de que nueve organizaciones de ambos cuerpos decidieran permanecer en las dependencias de Interior para protestar por la suspensión de las negociaciones sobre sus condiciones de jubilación y el reconocimiento de la profesión de riesgo.

Según explica AUGC, la Secretaría de Estado de Seguridad había asumido el pasado 23 de septiembre avances en la negociación de una mejora de las pensiones. La propuesta contemplaba una prestación de alrededor de 39.000 euros para el grupo C1 y la pensión máxima para el A2, tanto en Clases Pasivas como en el Régimen General.

La asociación señala que, tras convocarse las elecciones del 29 de noviembre, Interior aceptó adelantar al 27 de octubre la reunión prevista para cerrar el acuerdo. Sin embargo, aseguran que acudieron a firmarlo y se encontraron con la suspensión de la negociación por parte de la secretaria de Estado, Aina Calvo, que alegó la convocatoria electoral.

AUGC sostiene que esta justificación no impedía continuar con el acuerdo y considera que la decisión fue una falta de voluntad política. Ante esta situación, representantes de nueve organizaciones iniciaron un encierro pacífico e indefinido.

La asociación asegura que durante las horas que permanecieron en el edificio se impidió la entrada de comida y agua, por lo que los representantes tuvieron que beber de los grifos de las instalaciones.

Además, denuncia que, antes de la medianoche, la Secretaría de Estado de Seguridad movilizó a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional. Según su relato, los mandos policiales identificaron a los encerrados y les advirtieron de que podían incurrir en delitos de desobediencia grave a los agentes de la autoridad y ocupación de edificio público.

Finalmente, los 16 representantes abandonaron las dependencias por su propio pie. AUGC explica que lo hicieron para no comprometer a los agentes de la UPR, cuya actuación reconoce que se desarrolló profesionalmente y en cumplimiento de las órdenes recibidas.

La organización responsabiliza de lo ocurrido a quienes dieron las instrucciones y critica que se utilizara el Código Penal contra representantes que, según defiende, reclamaban el cumplimiento de los avances alcanzados en la negociación.

EXIGENCIAS DE AUGC

AUGC reclama al Ministerio del Interior que retome la mesa de negociación y firme el acuerdo antes del 29 de noviembre, incluyendo el reconocimiento de la profesión de riesgo y sin dejar a ningún colectivo atrás.

También exige explicaciones sobre quién ordenó el desalojo y la supuesta prohibición de entrada de comida, además de garantías de que no habrá represalias contra los representantes que participaron en el encierro.

La asociación compara el desalojo con la permanencia de una acampada en la Puerta del Sol, que, según señala, lleva más de un mes sin ser disuelta. AUGC afirma que no cuestiona el derecho de otros colectivos a protestar, sino lo que considera una diferencia de trato.

"No pedimos privilegios. Pedimos jubilarnos con dignidad, como ya lo hacen policías locales y autonómicas", concluye la organización, que resume su postura con una última reivindicación: "Podrán desalojarnos de un edificio. No podrán desalojarnos de la razón".