AUGC denuncia una "caza de brujas" en la Guardia Civil de Badajoz

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado públicamente lo que considera un uso "abusivo del régimen disciplinario y penal contra sus representantes" en la Comandancia de Badajoz, una práctica que, según la organización, "vulnera derechos fundamentales y retira agentes de las calles injustificadamente".

La asociación asegura que "lo que debería ser una gestión leal de los recursos humanos se ha convertido en una campaña sistemática de acoso contra los representantes de los trabajadores".

Según AUGC, "el último episodio confirma un patrón preocupante: la utilización no solamente de la 'maquinaria disciplinaria', sino también la 'maquinaria penal' para intentar silenciar a quiénes denuncian irregularidades".

CASO DEL SECRETARIO PROVINCIAL

El episodio más reciente afecta al secretario general provincial de AUGC en Badajoz, Braulio J. Calvo. Según explica AUGC, "en enero de 2025 un equipo del servicio de Asuntos Internos desplazados desde Madrid le tomó declaración como investigado por un supuesto delito de revelación de secretos tras consultar en la base de datos el DNI de su propio hermano".

El caso llegó al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, donde, según AUGC, tanto la jueza titular como la Fiscalía acordaron el archivo inmediato de la causa al no apreciar delito y considerar legítima la consulta realizada.

"Pese a la falta de recorrido penal, la Guardia Civil abrió un expediente por falta muy grave, alegando abuso de atribuciones y daño a los ciudadanos", señalan. Además, el agente fue suspendido de sus funciones durante cuatro meses y se solicitó su cese en el destino.

Un año después, según señala AUGC, el propio expediente disciplinario ha sido archivado sin que se haya derivado responsabilidad alguna para el agente.

PREOCUPACIÓN POR EL USO DE LA VÍA PENAL

Desde la asociación advierten de "un cambio de estrategia en la cúpula de mando", que, según sostienen, "ahora buscan la imputación penal de los representantes asociativos".

En este sentido, recuerdan que "Braulio J. Calvo ya sufrió anteriormente la apertura de un procedimiento ante un Tribunal Militar, acusado por aquel entonces de deslealtad e insultos por denunciar irregularidades de un teniente". Según AUGC, la justicia militar exculpó al representante y una jueza militar llegó a señalar la falsedad de los testimonios de los mandos denunciantes, aunque el procedimiento fue finalmente archivado sin exigir responsabilidades.

A este caso se suma el del secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de AUGC en Badajoz, Serviliano Valencia, sancionado el pasado año "por consultar la matrícula de un vehículo utilizado por un prófugo".

IMPACTO EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

AUGC sostiene que esta situación tiene consecuencias directas en la seguridad de los españoles. La asociación denuncia que mientras se destinan recursos a expedientes y procedimientos internos, "se descuida el servicio".

Como ejemplo, recuerdan que la suspensión cautelar de cuatro meses impuesta al secretario provincial supuso "un guardia civil menos patrullando las calles y protegiendo a los ciudadanos de Badajoz".

Por todo ello, la asociación reclama el cese inmediato de lo que considera una persecución contra sus representantes y manifiesta que "defender los Derechos de los Guardias Civiles es defender la calidad del servicio público que recibe la sociedad".

Desde AUGC insisten en que continuarán denunciando estas situaciones y aseguran que no cesarán en su labor de representación.