Aumentan las denuncias por violencia de género en Extremadura

El número de denuncias registradas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer durante el tercer trimestre de 2025 alcanzó la cifra de 922, lo que supuso un incremento del 8,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, según se desprende de los datos extraídos de los boletines de estadística judicial para elaborar el “Informe trimestral sobre Violencia de Género” dado a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se registraron un total de 843 mujeres víctimas, un 7,5 por ciento más que hace un año.

El estudio muestra también el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar, que creció un 20 por ciento, pasando de 10 a 12 mujeres víctimas.

Entre julio y septiembre de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 223 órdenes de protección, un 5,7% más que hace un año. De ellas, fueron adoptadas 175, lo que supuso un incremento del 18,2%.

Los órganos judiciales dictaron en el tercer trimestre del año 168 sentencias, de las que 163 (el 97 %) fueron condenatorias y 5 absolutorias.

Por su parte, en el tercer trimestre del año, los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja a un menor de edad (en el mismo trimestre de 2024 fueron enjuiciados igualmente un menor).

Valoración de la presidenta del Observatorio, Esther Rojo

La presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, destaca el elevado número de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales, que en el tercer trimestre del año representaron el 84,64 % del total, uno de los porcentajes más elevado de toda la serie histórica.

Según Rojo, el hecho de que casi nueve de cada diez sentencias dictadas por los órganos judiciales contengan un fallo condenatorio evidencia el elevado nivel de eficacia alcanzado por la Administración de Justicia en una materia, como es la violencia de género, con una importante dificultad probatoria. Y ello se debe tanto al trabajo y esfuerzo que día a día realizan los integrantes de la Carrera Judicial, como al de todos los operadores que colaboran con ellos: fiscales, letrados/as de la administración de justicia, funcionarios/as, policías, psicólogos/as, forenses, trabajadores/as sociales, etc.

La presidenta del Observatorio recuerda que las condenas impuestas son siempre el resultado de un trabajo serio y profesional y absolutamente riguroso en la protección de los derechos no sólo de las víctimas, sino también de los que asisten al investigado, tal y como recogen la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este sentido, ha recalcado que el elevado porcentaje de condenas revela que ha descendido el margen de impunidad para estos delitos.

Rojo asegura que para mantener tan alto nivel de calidad es necesario seguir avanzando en la formación y especialización de todos quienes hacen posible que la Justicia funcione dando una respuesta a las víctimas, así como en la dotación de los medios materiales y personales necesarios para hacer frente a esta lacra.

Asimismo, insiste en la importancia de que las víctimas denuncien y sigan confiando en la Justicia. Los datos del trimestre muestran una variación mínima tanto en el número de denuncias (aumento del 0,23 %) como en el de víctimas (aumento del 0,88 %), lo que puede interpretarse como un mantenimiento de los niveles de confianza en el sistema. Por ello, la presidenta del Observatorio reitera que solo rompiendo el silencio y dando un paso adelante se puede salir de la espiral de la violencia, para lo que la implicación del entorno resulta fundamental.

Por último, Rojo expresa su preocupación por el importante incremento de los casos en los que la víctima se acoge a la dispensa del deber de declarar, que en el tercer trimestre del año ha sido del 22,51 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. Tras mostrar su comprensión hacia todas esas mujeres, ha querido transmitirles un mensaje de tranquilidad, ya que existen mecanismos para evitar la confrontación directa de la víctima con el agresor cuando tienen que declarar en el órgano judicial y porque hay diversos tipos de medidas diseñados para protegerlas a ellas y a sus hijos e hijas.