Cinco de los detenidos por el caso UPA salen en libertad con cargos

A las 3:30 horas de la madrugada, la jueza que lleva el caso del presunto fraude de UPA-UCE ha puesto en libertad con cargos a cuatro de los detenidos en el marco de la investigación que se está desarrollando sobre el sindicato, además de al responsable de la empresa contratada por el sindicato para asesorarse.

Se trata de María Antonia Alcalá, José Cruz, Ignacio Trejo y Miguel Leal, de UPA-UCE y Juan Miguel Apolo, de la empresa.

Por su parte, el secretario de Administración, Maximiliano Alcón y el secretario general, Ignacio Huertas, fueron trasladados a las 4:30 de la madrugada de nuevo a la comandancia de la Guardia Civil en Cáceres, donde han pasado la noche, y a las 11:00 horas de esta mañana han vuelto al juzgado de Mérida para declarar.

Cabe recordar que el pasado martes, 1 de noviembre, La Guardia Civil, en el marco de la Operación Tellus, comenzó a realizar registros y detenciones en diferentes sedes de UPA-UCE en la región, por la presunta trama de financiación ilegal que estaría llevando a cabo el sindicato.

Las investigaciones habrían comenzado el pasado mes de febrero tras una denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agrícola en Campo Arañuelo (Cáceres), en el que ponía de manifiesto un supuesto entramado financiero ilegal del sindicato UPA-UCE-Extremadura (Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Campesinos de Extremadura).

Continuando con las investigaciones los agentes pudieron determinar que más de 1.800 personas, afiliadas al sindicato UPA - UCE Extremadura, habrían solicitado subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante los años 2013 a 2015, con fondos procedentes de la Unión Europea, fondos que fueron derivados a las necesidades financieras del propio sindicato y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación.

El dinero obtenido presuntamente de manera fraudulenta por el sindicato durante los años 2013, 2014 y 2015 estaría cifrado en más de 1'8 millones de euros, procedente de unas  5.500 subvenciones que fueron solicitadas por más de 1.800 afiliados de UPA – UCE Extremadura.

La investigación patrimonial ha desvelado que el capital se habría estado utilizando mayoritariamente por el sindicato para la financiación de la actividad propia del mismo, es decir, pago de nóminas, impuestos, suministros, pago de proveedores, etc. Otra parte se ha destinado a determinadas empresas para fines supuestamente privados y otra, en definitiva, a la matriz nacional del sindicato u otras organizaciones afines.

Los hechos investigados pudieran ser constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

ÚLTIMA HORA

7Días ha estado presente en la llegada de los acusados al Juzgado de 1ª Instancia de Mérida, donde pasarán a tomar declaración. A sus puertas les esperaban algunos afiliados (en la imagen 2) que creen en su inocencia y exigen su libertad.

Tras la declaración ante la jueza, Ignacio Huertas y Maximiliano Alcón podrían salir en libertad, ya que según explican a este diario fuentes de la organización agraria, "no tienen antecedentes y no se les acusa de delitos de sangre".