El Consejo de Ministros aprueba recurrir la Ley de Concordia de Extremadura

El Ejecutivo considera, de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo de Estado, que existen motivos de inconstitucionalidad por el incumplimiento del deber de colaboración con la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

Además, solicita la suspensión cautelar de los preceptos impugnados al entender que existen precedentes en los que el Tribunal Constitucional mantuvo esa suspensión en casos similares, como ocurrió con normas aprobadas en Cantabria y la Comunidad Valenciana.

Según el Gobierno, la Ley de Concordia de Extremadura reduce la protección reconocida a las víctimas por la legislación estatal y limita derechos contemplados en la Ley de Memoria Democrática, especialmente los relativos al derecho a la verdad, la reparación material y moral y las garantías de no repetición.

Asimismo, sostiene que el concepto de "concordia" no puede sustituir jurídicamente al de reparación de las víctimas y defiende que la reconciliación social debe construirse sobre esa reparación, no limitarla.

En este sentido, argumenta que el cambio conceptual de "memoria" a "concordia" no es únicamente terminológico, sino que implica una reducción de la protección pública de las víctimas.

El Ejecutivo añade que, conforme al Derecho Internacional, no existe contradicción entre promover la concordia social y garantizar plenamente los derechos de las víctimas, sino que la reparación constituye un presupuesto necesario para alcanzarla.

El Gobierno sostiene además que la comunidad autónoma deja de cooperar plenamente con la normativa estatal. En concreto, considera que la ley extremeña restringe la colaboración institucional prevista en el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática y supedita esa cooperación a la legislación autonómica de concordia, lo que, a su juicio, dificulta la aplicación uniforme de la normativa estatal.

El recurso también argumenta que la norma vulnera la dignidad y la integridad moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.

En este sentido, relaciona los artículos 10 y 15 de la Constitución con las obligaciones derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que exigen garantizar la reparación, el reconocimiento y la protección efectiva de las víctimas.

Por último, el Ejecutivo considera que la Ley de Concordia invade competencias exclusivas del Estado en materias procesales y educativas, ámbitos atribuidos por el artículo 149.1 de la Constitución.