Empresarios extremeños critican a Yolanda Díaz por el registro laboral: "Es un despropósito"

El secretario general de la CREEX, Javier Peinado, ha lanzado duras críticas al proyecto de implantación del registro horario digital impulsado por el Ministerio de Trabajo, cuestionando su viabilidad y advirtiendo de una posible avalancha de litigios.

Peinado ha señalado que, tras el informe del Consejo de Estado —al que califica de “demoledor”— y las advertencias del propio Ministerio de Economía, lo lógico sería que la ministra Yolanda Díaz reconsiderase su postura. Sin embargo, el dirigente empresarial duda de que se produzca ese cambio.

Aunque el informe del Consejo de Estado no es vinculante, desde la patronal extremeña advierten de que ignorarlo podría derivar en conflictos legales, especialmente después de que la CEOE haya anunciado su intención de acudir a los tribunales si la normativa se aprueba en los términos actuales.

CRÍTICAS AL PROYECTO

Desde CREEX se resumen los principales problemas detectados en la norma:

• Uso del reglamento para evitar el control del Congreso, imponiendo obligaciones no recogidas en la ley.
• Falta de diálogo con sindicatos y organizaciones empresariales.
• Ausencia de una memoria económica, pese a que supondría un coste estimado de al menos 800 millones de euros anuales para las empresas.
• Mayor rigidez laboral y aumento de la burocracia.
• Falta de diferenciación entre empresas según tamaño o sector, dificultando su aplicación real.
• Posible conflicto con la legislación de protección de datos.
• Obligación de implantar tecnologías que muchas microempresas no pueden asumir, comprometiendo su viabilidad.

“Cada una de estas cuestiones por separado sería suficiente para parar este despropósito”, ha afirmado Peinado, quien también ha mostrado su confianza en que el ministro Carlos Cuerpo pueda reconducir la situación dentro del Ejecutivo.

ADVERTENCIA DE JUDICIALIZACIÓN

El representante empresarial ha advertido de que, de seguir adelante el proyecto sin modificaciones, podría acabar en el Tribunal Supremo, donde —según señala— los argumentos del Consejo de Estado serían suficientes para tumbar la norma.

Finalmente, Peinado ha sido especialmente crítico con la postura de la ministra de Trabajo, a la que acusa de “obcecación” y de poner en riesgo a miles de pymes y microempresas.