Crítica ecologista al decreto 23/2025: "Se usa el fuego como coartada política"

Ecologistas en Acción Extremadura ha lanzado duras críticas contra el Decreto-ley 23/2025, aprobado por la Junta de Extremadura, al considerar que mezcla ayudas a los afectados por los incendios forestales con modificaciones legales estructurales que "nada tienen que ver con la urgencia del momento".

La organización denuncia que el Gobierno autonómico aprovecha el contexto de catástrofe para introducir cambios permanentes en leyes ambientales, forestales y urbanísticas, amparándose en la "extraordinaria y urgente necesidad". "Estamos ante un clásico decreto ómnibus, que altera hasta cuatro leyes distintas bajo el pretexto de la emergencia", señalan.

Entre las normas afectadas están la Ley Agraria (6/2015), la Ley del Suelo y Ordenación Territorial (LOTUS, 11/2018), la Ley de Conservación de la Naturaleza (8/1998) y el Decreto 134/2019 de actuaciones forestales. Ecologistas en Acción reclama separar las ayudas urgentes de las modificaciones legislativas y tramitar estas últimas "por las vías ordinarias y con debate público".

El colectivo considera especialmente grave la introducción del concepto de "infraestructura preventiva productiva", que permitiría "blanquear" el cambio de uso forestal hacia cultivos agrícolas bajo la apariencia de prevención de incendios. "Se legaliza la transformación de montes en zonas agrícolas sin autorización ambiental, favoreciendo el modelo agroindustrial y debilitando la protección del bosque", denuncian.

Además, alertan de modificaciones urbanísticas encubiertas en la LOTUS, que facilitarían reclasificar suelos forestales o rústicos tras los incendios "sin control ambiental", abriendo la puerta a urbanizaciones bajo el argumento de la "reconstrucción postincendio".

También se critica la reducción del control técnico en la explotación de madera quemada, lo que "pone en riesgo la regeneración natural y destruye el suelo forestal".

Según Ecologistas en Acción, el texto "pervierte el sentido del paisaje en mosaico agroforestal tradicional" convirtiéndolo en un modelo "rentista y productivo", donde el territorio se entiende como un recurso económico antes que como un ecosistema.

La organización advierte de que este decreto erosiona la frontera entre uso forestal y agrícola, debilita las garantías ambientales y elimina protecciones históricas como las zonas ZIR. Además, lamenta que se haya aprobado "sin debate sectorial ni evaluación rigurosa de los incendios", vulnerando el principio de participación pública recogido en el Convenio de Aarhus.

En conclusión, Ecologistas en Acción considera que el decreto no resuelve las causas estructurales de los incendios, sino que "abre la puerta a un retroceso ambiental sin precedentes" en Extremadura.