Cuestionan las 3.000 viviendas públicas de Guardiola: "Pareciera que se acercan elecciones"

Campamento Dignidad ha reaccionado al anuncio de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, sobre la construcción de viviendas públicas. Así, han expresado que “es como si nos adentráramos en un próximo periodo electoral”. 

“Según las primeras informaciones, la Junta de Extremadura impulsará la construcción de más de 3.000 viviendas públicas hasta 2027, indican desde la organización, y añaden que “después de dos años de gobierno reconoce esta imperiosa necesidad y responsabiliza también a todos los niveles de gobierno, incluidos los locales y estatales”. 

Desde Campamento Dignidad señalan que “la falta de viviendas es un problema social que crece a ritmo endiablado entre la población trabajadora extremeña. Sin embargo, nos parece que estas construcciones van a estar más al alcance de los sectores con confortables economías y van a tener una mínima repercusión en la inmensa mayoría de la población trabajadora”. 

En este sentido, explican que “lo que ocurrirá es lo que viene sucediendo con los polígonos industriales, donde la mayor parte de las instalaciones se han realizado con dinero público. Así, los ayuntamientos ofrecerán suelo público gratuito, la Junta pagará las urbanizaciones y subvencionará las construcciones de manera muy satisfactoria a las empresas que las realicen y la banca obtendrá suculentos beneficios por los préstamos a la Junta y el cobro de los intereses por las hipotecas a los compradores de las viviendas”. 

“Los precios de las viviendas con sus bonificaciones correspondientes serán asequibles para grupos sociales acomodados con niveles de ingresos medios y altos", recriminan. En esta línea, expresan que “sería lógico que en beneficio del interés público hubiera una empresa pública en manos de la Junta de Extremadura para las construcciones de viviendas, así como una banca pública para financiar las inversiones en urbanizaciones y edificaciones, pero esto solo sería posible en otro sistema económico y social con otro tipo de Estado". 

Además, reprochan que “las políticas practicadas por los diferentes gobiernos que hemos tenido en la Junta de Extremadura solo han denotado pequeñas diferencias en sensibilidad social entre los diferentes gobiernos y partidos políticos afincados en la Junta. En el fondo, a pesar de las diferencias formales, el objetivo estratégico de apoyo al capital es el mismo tanto en el PP como en el PSOE”. 

A esto añaden que “tampoco podemos esperar que, por decisión propia del Gobierno, se expropien las viviendas en manos de los especuladores, bancos y fondos de inversión, ni se pongan en marcha otras políticas de compra de viviendas abandonadas, la regulación de los alquileres en ciertas localidades ni compensar las subidas del nivel de vida que genera el turismo afectando especialmente a los sectores económicamente más deprimidos”. 

“La única solución a estas actuaciones de los gobiernos que dicen una cosa y hacen la contraria con tanto apoyo mediático a sus mentiras, es la movilización social, la participación de la clase trabajadora y de los sectores populares exigiendo a las instituciones que atiendan a la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población, especialmente de las personas y familias con mayores dificultades para alcanzar un mínimo bienestar” concluyen.