De Miguel denuncia que la Junta convierta las zonas protegidas en “chivo expiatorio”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha preguntado este martes a la Junta en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Natural cuál es la motivación que lleva a este gobierno a “pretender reducir la superficie protegida en Extremadura”. En su intervención, De Miguel ha criticado que en Extremadura los gobiernos de distinto signo político han convertido las zonas protegidas en un “chivo expiatorio” y en las “grandes responsables de los bajos índices de desarrollo que nos encontramos en muchos aspectos”.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha señalado que la modificación de las áreas protegidas tiene que hacerse con “la ley debajo del brazo” y con rigor científico y ha denunciado que “la realidad es que se ha hecho todo lo contrario”, por este motivo ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha paralizado los dos decretos que “pretendían hacer ese recorte de zonas protegidas”. De Miguel ha recordado que lo ha hecho gracias a los recursos de Ecologistas en Acción y Fondenex. “Y es que yo creo que no se puede hacer lo que se ha hecho de esta manera tan torticera y, además, ilegal”, ha criticado y ha señalado que la paralización se debe a que la motivación no ha sido “técnica”, sino por “motivaciones políticas”.

De Miguel ha recordado que Vox llevaba en su programa electoral una medida “muy concreta” que era “reducir las zonas ZEPA y los LIC”, por este motivo ha preguntado la “motivación que les lleva a tener ese compromiso político” y si lo que persiguen es “anteponer el relato ideológico a la ciencia, como hacen en tantos otros aspectos”. En este sentido, De Miguel ha incidido en que lo que han hecho ha sido “una chapuza”.

Para la portavoz de Unidas por Extremadura el más “escandaloso” es el decreto 180/2025, de 16 de diciembre, por el que se ajustan los límites de 11 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) porque lo que hacen “en realidad” con esta norma es “cargarse la ZEPA de la isla de Valdecañas, casualmente” y ha recordado que es la zona que tiene una sentencia de derribo. “Esto es una manera torticera de intentar burlar la justicia de estas sentencias de derribo que ya están encima de la mesa”, ha criticado y ha señalado que es una “absoluta vergüenza que una administración actúe así”.

“Ustedes pueden ahora descatalogar la isla de Valdecañas, si Europa obviamente les deja, pero lo que no pueden borrar es que Valdecañas fue un delito urbanístico”, ha denunciado De Miguel que ha recordado además que Valdecañas es el “gran pelotazo urbanístico de esta tierra” y ha criticado que tanto Partido Popular, como PSOE y Vox “han decidido invertir ingentes cantidades de dinero en defender las viviendas de tercera residencia de millonarios frente al derribo”.

“Dos décadas llevamos de batalla judicial y ustedes piensan aún ampliar esas dos décadas haciendo este decreto torticero e ilegal”, ha señalado De Miguel que ha dicho que el TSJEx “ha sido muy contundente” ya que como ha señalado, “ha dicho que este decreto es un atajo para resolver otros problemas y que no aprecian justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación”.

De Miguel ha finalizado su intervención cuestionando la reducción de más de 10.600 hectáreas de zonas protegidas en Extremadura bajo el argumento de “supuestos errores cartográficos”, y ha reclamado informes sobre el impacto de los recortes en hábitats de especies como el cernícalo primilla. También ha advertido de que estas modificaciones podrían favorecer la implantación de proyectos energéticos, así ha señalado que en su recurso, Fondenex señala que la Junta de Extremadura excluye zonas ZEPA y LIC áreas como los Llanos de Cáceres o Tajo Internacional o La Serena, donde se pretenden instalar proyectos de plantas solares, fotovoltaicas y plantas eólicas.

Por último, la portavoz de Unidas por Extremadura ha defendido que la superficie protegida “no es necesariamente un obstáculo para el desarrollo regional”. En este sentido, ha señalado la concentración de la propiedad de la tierra en grandes terratenientes y empresas como uno de los posibles factores que limitan el desarrollo de Extremadura.