Denuncian discriminación en la jubilación de policías y guardias civiles

El proyecto de Real Decreto impulsado por el Gobierno, fechado el 17 de marzo de 2026, ha generado una fuerte polémica entre colectivos policiales y asociaciones profesionales, que denuncian un trato desigual en materia de jubilación anticipada para los cuerpos de seguridad del Estado.

El texto establece un coeficiente reductor del 0,20 únicamente para los agentes de la Policía Nacional incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, aquellos que ingresaron a partir del 1 de enero de 2011.

Sin embargo, la medida deja fuera a los integrantes del sistema de Clases Pasivas del mismo cuerpo, así como a los efectivos de la Guardia Civil, lo que ha sido calificado como una decisión “discriminatoria” por parte de diversas voces del sector.

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la exclusión total de la Guardia Civil, justificada en su naturaleza militar. Las críticas consideran este argumento “obsoleto” y denuncian que impide a estos agentes acceder a condiciones de jubilación similares a las de otros cuerpos policiales autonómicos y locales.

Según los colectivos afectados, este desarrollo normativo responde a la Sentencia 596/2025 del Tribunal Supremo, que habría obligado al Ejecutivo a abordar esta cuestión. No obstante, critican que el Gobierno haya limitado su actuación a lo estrictamente exigido por los tribunales, sin plantear una reforma global que garantice la igualdad.

DENUNCIAN AGRAVIOS HISTÓRICOS

El comunicado también repasa lo que consideran una trayectoria de “promesas incumplidas” hacia la Guardia Civil, señalando episodios históricos como la llamada Operación Columna en los años 90 o la aplicación de la Ley Orgánica 11/2007, que, según denuncian, derivó en sanciones a representantes asociativos.

Asimismo, critican la existencia de privilegios en los altos mandos frente a las condiciones de los agentes de base, denunciando desigualdades en vivienda, condiciones laborales y organización interna.

Ante esta situación, los colectivos hacen un llamamiento a la unidad de los guardias civiles para reclamar una reforma que garantice igualdad de derechos. Consideran que, si la naturaleza militar sigue siendo el argumento para limitar derechos laborales, debería revisarse en profundidad este modelo.