Denuncian discriminación de funcionarios en el acuerdo de gobierno PP-Vox

La pasada jornada se hizo público el acuerdo de gobierno que dará lugar, si todo sigue su curso esperado, a una nueva legislatura en Extremadura a partir de la semana que viene.

“PP y Vox distribuyeron un documento que, además de certificar el reparto de sillones, incluye, en sus 23 páginas, un amplio abanico de medidas. Muchas de ellas afectan directamente al empleo público, y tendremos que volver sobre ellas en el futuro, pero nos importa hoy lo que más llama la atención: la sangrante discriminación de los empleados públicos de Administración General, que son una amplia mayoría de todos los funcionarios regionales”, indican desde SIP, Sindicato Independiente Progresista.

En la página 9 del acuerdo consta la “equiparación salarial” entre los trabajadores del SEPAD y SES, aunque eso sí, matizando que afectará a aquellos que «tienen la misma categoría sanitaria», algo que obliga a estar atentos si se producirán nuevos agravios dentro del propio SEPAD, con trabajadores de primera y de segunda. En todo caso, es este un comienzo necesario de equiparación, que sin duda merecen todos los trabajadores del SEPAD, y que habrá que vigilar para que no se quede corto.

En la página 20 del documento se acuerda la "homologación salarial" de los docentes extremeños “a la media nacional”, con el objetivo de “equiparar sus retribuciones”. Algo con lo que sin duda también estamos de acuerdo, aunque sin olvidar que el personal docente cuenta ya con complementos propios de los que carecen otros compañeros de la Junta, y que hace pocos meses ya se pactó una subida importante de esos complementos, para los próximos años.

¿Qué significa todo esto? Pues parece claro que, para los firmantes del acuerdo, todos los demás empleados públicos, los que no pertenecen al SES, ni al SEPAD, ni son personal docente, no merecen, como se expresa en esos puntos del acuerdo, «reconocer su labor», «mejorar sus condiciones profesionales», «contribuir a la calidad del sistema», «retener y atraer el talento», “para que ganen ellos y los extremeños”.

Esto es rotundamente inaceptable. Este acuerdo de gobierno certifica la voluntad de nuestros gobernantes de reforzar la ya existente división entre empleados públicos de primera, de segunda y tercera, comparados con otras regiones, pero también entre nosotros mismos dentro de la propia Junta de Extremadura.

Mientras tanto, y ya bien comenzada la mañana del viernes, ninguno de los sindicatos presentes en la Mesa se ha manifestado contra este atropello, están más entretenidos en los sorteos de tribunales, en publicitar llamamientos urgentes de empleos precarios haciendo de correa de transmisión de la Junta, o en asumir sin crítica alguna el adelanto de procesos selectivos (sin fecha aún determinada) que pilla a contrapié a la inmensa mayoría de los opositores. Esto es lo que tenemos.

Es evidente que es necesario un acuerdo amplio de los empleados públicos que estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos sin cortapisas y sin matices, para hacer frente a este nuevo desprecio de nuestra Administración, y planificar un calendario conjunto de actuaciones.

De esta forma, SIP hace un llamamiento a los compañeros de PEAGEX (Plataforma de Empleados de la Administración General de la Junta de Extremadura), EQUIPAGEX (Plataforma por la Equiparación Salarial en la Administración General de la Junta de Extremadura) y todos aquellos aún no organizados, a que conformemos sin dilación ese frente común.