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Desigualdad y pobreza: los efectos secundarios de la COVID-19

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17 de Octubre de 2021

Desigualdad y pobreza: los efectos secundarios de la COVID-19

 

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Extremadura (EAPN-EXTREMADURA) ha presentado en la Asamblea de Extremadura, el XI Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008 – 2020’.

 

Esta presentación se produce en el marco de la conmemoración este 17 de octubre del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

 

Los datos corroboran que el impacto de la pandemia de la COVID-19 ha sido mayor en los estratos de población que ya se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad antes del inicio de la última crisis.

 

El 38,7 % de la población de Extremadura está en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2020. Esta cifra está un punto porcentual por ncima de la del año anterior y supone perder una parte de la recuperación experimentada el año anterior, algo más de 411.486 personas residentes en Extremadura están en AROPE, unas 9.724 más que el año pasado.

 

La Privación Material Severa aumenta un 40% en el último año, afectando a 93.000ç personas. Este indicador se ha incrementado para toda la población (15 de las 17 comunidades autónomas) y para todos los grupos y segmentos analizados.

 

Respecto a la desigualdad, Extremadura mantiene la renta más baja de todas las regiones, con unos ingresos inferiores a 9.449 € anuales por unidad de consumo, (este dato se mantiene prácticamente igual al año anterior).

 

Un grupo con características especiales es el de la población pensionista. Prácticamente la mitad, el 47,1 % de todas las pensiones percibidas en Extremadura están por debajo del umbral de pobreza, (situado este año en 688€ al mes).

 

Con relación al 2015, designado año de control para la evaluación de los resultados de la Agenda 2030, la tasa AROPE, que era del 35,2 %, ha crecido en 3,5 puntos, lo que supone un aumento del 10 % y de 27.000 personas. Extremadura es una de las seis regiones en las que la evaluación del AROPE en términos de los nuevos objetivos europeos ha sido negativa.

 

España tiene difícil alcanzar las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, por lo que, desde la EAPN se considera imprescindible realizar un esfuerzo suplementario para cumplir los objetivos, más aún en un contexto de crisis como el actual.

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