El conflicto con el Circo Encantado podría costarle dinero a Badajoz, según el PSOE

El Grupo Municipal Socialista considera que el conflicto generado en torno al Circo Encantado ha entrado en una fase distinta después de que la empresa haya decidido acudir a los tribunales para recurrir la orden de clausura dictada por el Ayuntamiento de Badajoz. El recurso contencioso-administrativo sitúa ahora el caso en el ámbito judicial. A partir de este momento será un juez quien examine el expediente municipal y determine si la decisión adoptada se ajusta al procedimiento administrativo y a la normativa aplicable.

Desde el PSOE se recuerda que, si la resolución municipal no se sostuviera en los tribunales, el conflicto podría acabar teniendo consecuencias económicas para la ciudad. Por ello, los socialistas consideran necesario actuar con prudencia y tratar de encontrar una salida razonable antes de que la situación escale. El grupo municipal señala que ha tenido acceso a la información que ha ido apareciendo sobre este caso y que está analizando el expediente con frialdad, pero también con el interés de encontrar una solución que permita que el espectáculo pueda desarrollarse con normalidad, como ocurre en otras ciudades.

Porque hay una pregunta que muchos ciudadanos se están haciendo estos días: cómo se pasa de tramitar una instalación a ordenar su retirada cuando ya está montada y anunciada.

En ese análisis aparece un elemento que el propio abogado de la empresa ha señalado públicamente. Cuando afirma que la resolución municipal va contra la propia lógica del expediente, en realidad está insinuando algo muy serio en derecho administrativo: que el Ayuntamiento puede haber autorizado la instalación y posteriormente haberla revocado sin una base suficiente o sin seguir correctamente el procedimiento. Para el Grupo Socialista este es uno de los puntos que el Ayuntamiento debe aclarar con transparencia.

El segundo elemento nuevo es que el asunto ya está en sede judicial. En un procedimiento contencioso-administrativo, el juez tendrá que examinar si el Ayuntamiento actuó con base legal suficiente, si el procedimiento seguido fue coherente con el propio expediente y si la medida adoptada fue proporcional. Si la empresa demuestra que existían autorizaciones previas o informes favorables, la situación podría complicarse para el Ayuntamiento. Eso no significa necesariamente que vaya a perder el caso, pero sí que el conflicto deja de ser únicamente una decisión política.

A ello se suma otro aspecto que también ha salido a la luz en los últimos días. El abogado de la empresa ha señalado que, si ha habido un problema entre departamentos municipales, no lo deben pagar los trabajadores del circo. El PSOE considera que esa reflexión pone sobre la mesa una cuestión delicada que el Ayuntamiento debería explicar.

Los socialistas también se refieren a los argumentos que se han mencionado para justificar la clausura, como posibles problemas de tráfico, la coincidencia con el mercadillo o la cercanía del Hospital Quirón. A juicio del grupo municipal, estas cuestiones deben analizarse con rigor, especialmente cuando la instalación llevaba días anunciándose y el expediente administrativo había seguido su tramitación dentro del propio Ayuntamiento. En este contexto, desde el PSOE se señala que la sombra y la influencia del hospital aparecen cada vez con más fuerza en el debate público sobre este asunto, algo que también debería aclararse para evitar dudas.

Para los socialistas, el punto verdaderamente delicado del caso no está en el mercadillo ni en el ruido, sino en si existieron actos administrativos previos que generaron una expectativa legítima en la empresa para desarrollar su actividad. Si fue así, la decisión posterior de clausura tendría que estar muy bien motivada desde el punto de vista jurídico.

El Grupo Municipal Socialista lamenta además que ni el alcalde ni la concejala delegada de Policía Urbana hayan encontrado un momento para recibir a los responsables del circo y escuchar su planteamiento, a pesar de que ayer no tenían agenda institucional. A juicio del PSOE, cerrar la puerta al diálogo en una situación como esta no ayuda a resolver el problema. Los socialistas consideran que la vía del diálogo debe estar siempre abierta y que, cuando una empresa que ya ha realizado una inversión importante solicita una reunión para intentar encontrar una salida, lo razonable es atenderla, más aún tratándose de un asunto que ha despertado tanto interés en la ciudad y que afecta a una actividad que ya estaba anunciada públicamente.

Para el Grupo Socialista, este hecho refuerza la idea de que el problema no es únicamente administrativo, sino también de gestión política, algo que el Ayuntamiento debería aclarar cuanto antes. Algo, evidentemente, no ha funcionado dentro del propio Ayuntamiento.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista pide al Ayuntamiento explicaciones claras y reclama que se exploren soluciones técnicas y de diálogo antes de forzar la retirada definitiva del espectáculo. El PSOE entiende que todavía se está a tiempo de reconducir la situación y evitar que este conflicto termine agravándose en los tribunales.