25 Junio 2025
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Más de 1.000 personas han recibido ayuda para morir en España desde 2021

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25 de Junio de 2025

Más de 1.000 personas han recibido ayuda para morir en España desde 2021

 

Este martes se han cumplido cuatro años desde que entró en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), y desde entonces más de 1.300 personas han recibido ayuda para morir en España, según estimaciones basadas en datos oficiales de Sanidad hasta 2025. Hasta finales de 2024, se han registrado 2.475 solicitudes y se han aprobado 1.034 eutanasias, lo que supone un 42% del total.

 

Las cifras han crecido progresivamente cada año: 75 eutanasias en 2021, 288 en 2022, 334 en 2023 y 427 en 2024. Sin embargo, una de cada cuatro solicitudes ha sido rechazada, y otro 25% de solicitantes ha fallecido antes de completar el proceso. Diversas entidades han reclamado agilizar los trámites, ya que la media de resolución ha sido de 49 días, muy por encima del plazo que consideran aceptable para pacientes terminales.

 

Cataluña ha encabezado las estadísticas, con 142 eutanasias aprobadas solo en 2024, lo que ha representado un 0,21% de las defunciones en la comunidad. No obstante, también se han señalado problemas estructurales, como demoras de hasta 63 días en la resolución de casos o la baja aplicación de la ley en sanidad privada, que ha concentrado menos del 10% de las eutanasias.

 

Uno de los principales retos que persisten tras estos cuatro años de aplicación de la ley ha sido la desigual implantación territorial y la judicialización de algunos casos. Dos ejemplos mediáticos, los de Noelia y Francesc en Barcelona, han evidenciado cómo decisiones autorizadas legalmente han sido paralizadas por familiares a través de los tribunales, obligando a las personas afectadas a prolongar "un sufrimiento irreversible".

 

Desde asociaciones por el derecho a una muerte digna han exigido voluntad política para reducir estas desigualdades y blindar legalmente la prestación, evitando que recursos judiciales puedan impedir su aplicación. También han pedido que el plazo máximo para resolver una solicitud no supere los 30 días, y que los formularios de compensación o respuesta médica sean enviados en un máximo de 72 horas.

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