Extremadura digna apoya una educación pública al 100% y recorte progresivo de la concertada

3 de Abril de 2022

Extremadura Digna considera que el gobierno regional en Extremadura no hace lo suficiente para potenciar la educación pública "dejando con su pasividad que se aplace su progreso, se supriman centros públicos para proteger a los centros privados y no se favorezcan las condiciones laborales del personal que trabaja en los centros educativos".

A su juicio la educación pública es la única garante de una educación en valores democráticos, laicos, y capaz de acabar con las desigualdades sociales. "La Escuela Pública garantiza la igualdad de oportunidades, la libertad de pensamiento y nos iguala en derechos y deberes. En una sociedad capitalista como en la que desgraciadamente vivimos, con unas desigualdades económicas y sociales cada vez más acentuadas y sangrantes, la escuela y la educación es uno de los pocos instrumentos que nos quedan para tratar de que los hijos e hijas de la clase trabajadora puedan tener en un futuro las mismas posibilidades que los hijos de las clases dominantes y las élites económicas".

España es el tercer país de Europa en donde los centros privados concertados tienen un peso importante, sólo superada por Malta y Bélgica. Esto hace -añaden- que frente a una media en la Unión Europea de cerca del 90% del alumnado escolarizado en centros públicos, en España la cifra de estudiantes de la red pública sea sólo de un 70% aproximadamente.

"La mayoría de estos centros educativos concertados además de los privados pertenecen a la Iglesia Católica. El poder material e ideológico de la Iglesia Católica se refleja de modo importante en la estructura social extremeña mediante la influencia que ejerce a través de la educación. A lo largo de la historia, las élites económicas y las clases dominantes han tenido un interés muy especial en que la enseñanza sea potenciada y financiada por el Estado pues de este modo podían mantener su influencia política y social", sostienen.

La Constitución española y su artículo 27 recoge la “libertad de enseñanza” reconociendo la posibilidad de creación de centros educativos privados de acuerdo con la normativa estatal, "pero en ningún caso establece que las familias deban recibir una ayuda por elegir esa enseñanza ni que ésta deba ser financiada con fondos públicos".

Critican que el gobierno extremeño lleva favoreciendo la progresiva privatización de la educación: "Los presupuestos regionales contienen partidas destinadas a la financiación de los centros privados que en conjunto se mueven en torno a los 100 millones de euros. Así, para la gratuidad de la educación infantil y primaria se destina la cantidad de unos 48.000.000 euros, mientras que para la gratuidad de la educación secundaria las cantidades rondan los 41.345.000 euros, 7.000.000 euros para la atención a la diversidad, 949.000 euros para becas de libros, 200.000 euros en programas de refuerzo educativo, y 685.000 euros en actividades formativas complementarias".

"La política educativa regional ha consentido mediante diferentes mecanismos que la enseñanza privada-concertada seleccione a su alumnado, y simultáneamente se favorezca la concentración de alumnos y alumnas procedentes de familias de inmigrantes, alumnado con necesidades educativas especiales y con problemas de aprendizaje en los centros públicos, contribuyendo de este modo a la reproducción de las desigualdades sociales, la falta de integración y consideración de la diversidad social".

Desde Extremadura Digna consideran algunas decisiones que deben estar dirigidas a la mejora de la calidad de la enseñanza pública, "así es necesario el incremento significativo de los presupuestos destinados a Educación, intensificar las medidas que impidan la selección del alumnado por parte de los centros privados concertados, control de los centros concertados para evitar el pago de “aportaciones voluntarias” que también buscan la selección del alumnado, eliminación real de los conciertos para aquellos centros que segreguen por sexo o no cumplan con la función social para la que fueron creados, supresión de líneas educativas en los centros concertados cuando sea necesario para el mantenimiento de las líneas públicas, etc".

Insisten en que en el sistema educativo extremeño hay que acabar con la alta precarización del profesorado en el que se multiplican los contratos a media jornada que repercuten en sus condiciones de vida, en la capacidad de reciclaje formativo, y en la efectividad pedagógica.

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