Alerta ecologista por la fábrica de nitrógeno: "Hay riesgo de nubes tóxicas a 5 km de Mérida"

FONDENEX ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Junta de Extremadura que autoriza el proyecto de construcción de una fábrica de nitrógeno en Mérida.

La organización registró el recurso el pasado 3 de noviembre y considera que este paso es previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

El colectivo fundamenta su decisión en varias presuntas irregularidades durante la tramitación administrativa del proyecto. Entre ellas, cuestiona el periodo de información pública, la falta de respuesta a sus alegaciones y, especialmente, que la instalación no haya sido sometida a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

En relación con el procedimiento de información pública, FONDENEX sostiene que no se facilitó suficiente información sobre el proyecto y que existieron dificultades para consultar la documentación. Además, considera que el plazo concedido para presentar alegaciones, de 20 días, incumplió la Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, que, según la organización, establece un periodo de un mes.

También denuncia que la Dirección General de Sostenibilidad no respondió a las alegaciones presentadas por el colectivo y que se vulneró la Ley 27/2006, que regula el derecho de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

A juicio de FONDENEX, la Administración ya había decidido dar vía libre al proyecto antes de que concluyera el periodo de información pública, lo que, según defiende, habría impedido que la participación ciudadana se produjera cuando todavía estaban abiertas todas las opciones.

ARGUMENTO

El argumento central del recurso se refiere a la evaluación ambiental que debería haberse aplicado a la fábrica. FONDENEX sostiene que la Ley 16/2015, de protección ambiental de Extremadura, remite a la legislación estatal básica y que la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, establece en su anexo I que determinadas industrias de fabricación de productos químicos inorgánicos deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

La organización considera que la producción de nitrógeno encaja en ese supuesto, al tratarse de un gas, y señala que la instalación proyectada en Mérida tendría una capacidad de producción de 100 millones de metros cúbicos anuales.

Por este motivo, entiende que la fábrica debería haber sido sometida a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, un procedimiento que, según denuncia, no se ha realizado.

Más allá de las cuestiones administrativas, el colectivo advierte de los posibles efectos que podría tener la instalación en caso de producirse un accidente. Entre sus preocupaciones menciona un eventual escape de nitrógeno y sus consecuencias para la población de Mérida, situada, según sus datos, a menos de cinco kilómetros de la fábrica.

FONDENEX sostiene que una fuga podría generar una nube de gas con efectos perjudiciales para la salud. También vincula la contaminación atmosférica con los costes sanitarios que soporta la Unión Europea, que cifra entre 70 y 320 millones de euros anuales.

En el ámbito medioambiental, la organización señala la proximidad de la fábrica al río Guadiana y a varios arroyos tributarios. Según advierte, un vertido accidental podría afectar a los ecosistemas acuáticos y provocar procesos de eutrofización.

Para ilustrar el impacto económico de la contaminación por nitrógeno, cita las pérdidas anuales de recursos pesqueros en el golfo de México.

Por último, FONDENEX llama la atención sobre la cercanía de la instalación a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'Sierras Centrales de Badajoz', situada, según sus datos, a menos de un kilómetro de la fábrica y que alberga numerosas especies protegidas.

Con este recurso, la organización pretende que se revise la autorización concedida por la Junta de Extremadura y no descarta acudir a la vía contencioso-administrativa para cuestionar la legalidad del proyecto.