Indignación en un colegio de Badajoz: una TEI denunciada por "conductas inapropiadas" vuelve al centro

El inicio del curso escolar en el CEIP Mirador de Cerro Gordo vuelve a estar marcado por la polémica. Padres y madres de alumnos del aula de dos años han mostrado su preocupación tras confirmarse que la Técnica de Educación Infantil (TEI) denunciada el pasado curso por presuntas "conductas inapropiadas" hacia menores ha sido nuevamente contratada y seguirá al frente de un grupo de niños en el próximo curso.

El escándalo salió a la luz el curso pasado cuando varios progenitores, alertados por el comportamiento extraño de sus hijos, confirmaron sus sospechas gracias al testimonio de trabajadores del centro. Según relataron, la técnica habría incurrido en "zarandeos, insultos, agarres, manotazos, voces, etc." hacia los pequeños.

El 17 de junio, las familias iniciaron un proceso judicial tras presentar un escrito formal ante la Consejería de Educación. Sin embargo, la única medida adoptada hasta ahora fue una inspección realizada el 20 de junio, casi al final del curso y en un aula con apenas cinco niños, por las altas temperaturas y el cierre del ciclo lectivo. Los afectados consideran que la actuación ha sido "claramente insuficiente", pese a la existencia de pruebas y testigos.

La indignación de los padres ha aumentado tras la publicación de las listas definitivas de personal para el nuevo curso, en las que comprobaron que la TEI denunciada continúa en su puesto. "Estamos de los nervios desde que salieron las listas. No queremos que nuestros hijos vuelvan a estar a cerca de esta señora", expresaron en declaraciones a 7Días.

Por su parte, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha asegurado que está "al corriente de la situación" y que se están adoptando "las medidas administrativas correspondientes", ya que la técnica era interina, había cesado su contrato en verano y, por tanto, el procedimiento se había cerrado. Al retomar el contrato, la Consejería volverá a abrir el procedimiento “sin descartar medidas cautelares”.

El centro educativo, en cambio, ha preferido mantenerse al margen de las declaraciones y remitir cualquier valoración a la Consejería.

Mientras tanto, los padres afectados reclaman celeridad judicial y administrativa para garantizar la seguridad de sus hijos. "Queremos que vuelvan al colegio sin miedo y con profesionales que disfruten de su trabajo y respeten a los menores", insisten.