La Junta de Extremadura aprueba medidas para agilizar la gestión de la vivienda protegida

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un nuevo decreto que introduce importantes medidas de simplificación administrativa en materia de vivienda protegida, con el objetivo de facilitar su comercialización y reducir la burocracia que lastra actualmente el mercado inmobiliario regional.

La portavoz del Ejecutivo, Victoria Bazaga, ha explicado que estas reformas pretenden “agilizar trámites que ralentizan el funcionamiento del mercado de vivienda protegida y generan inseguridad jurídica”.

Entre las medidas destacadas del decreto figura la unificación del plazo de protección de las viviendas protegidas en 20 años, lo que eliminará los actuales plazos variables que provocaban “disfunciones” y disparidad de criterios. “Esta medida otorga mayor certeza a compradores y promotores”, ha señalado Bazaga.

Asimismo, el decreto suprime el derecho de tanteo y retracto por parte de la administración, un mecanismo que apenas se ejercía en la práctica y que, según el Ejecutivo, “representaba una carga burocrática innecesaria”.

Otra de las novedades es el establecimiento de una fórmula automática para el cálculo del precio máximo de venta en segundas transmisiones. A partir de ahora, ese precio quedará vinculado al módulo vigente del tipo de vivienda, en lugar del complejo sistema anterior basado en el IPC y otras variables técnicas.

El decreto, que consta de cinco artículos y varias disposiciones adicionales y transitorias, afecta también al procedimiento del Libro del Edificio y plazos administrativos, introduciendo medidas para reducir esperas y facilitar gestiones tanto para ciudadanos como promotores.

Desde la Junta aseguran que con estas medidas se da un paso decisivo hacia la desburocratización y modernización del acceso a la vivienda protegida en Extremadura, un compromiso incluido en el plan de vivienda del Ejecutivo regional.