La Junta denuncia a empresas de transporte escolar por inflar los precios

El Gobierno de la Junta de Extremadura ha presentado una denuncia penal en el juzgado de guardia de Mérida, debido a las conductas y coacciones ejercidas por determinadas empresas con ocasión de los procedimientos de contratación de las rutas de transporte escolar.

Las prácticas denunciadas por la Junta tienen como fin alterar el precio de los contratos, obteniendo su adjudicación por un valor muy superior al que estas mismas empresas, que son una minoría, suscribieron en el acuerdo marco. Cabe señalar que, siendo minoritarias, tienen la mayor capacidad de prestación de servicio.

Este proceder de las denunciadas supone un grave perjuicio a los alumnos extremeños, al privárseles de un servicio público esencial. Asimismo, causarían un importante perjuicio económico a la Administración.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha informado este viernes de que el Ejecutivo regional ha interpuesto esta denuncia en defensa del derecho a la educación de todos los extremeños "y en garantía de la prestación de un servicio vital como es el transporte escolar".

En este sentido, Manzano ha recordado la situación en la que se encontraba el transporte escolar en 2023 cuando el actual Ejecutivo llegó al Gobierno. "En esa anualidad constatamos que este servicio esencial se estaba pagando con precios del año 2016. Pese a que el gobierno del señor Vara había formalizado un acuerdo con las empresas afectadas en el año 2021 no se habían actualizado los precios", ha explicado.

Por ello, el actual Gobierno se puso a trabajar de la mano de todas las empresas que prestan este servicio y en el año 2024 se suscribió un acuerdo que elevaba esa prestación en este servicio esencial de forma "considerable".

INVERSIÓN EN TRANSPORTE ESCOLAR

"De media en la mayoría de las rutas suponía un incremento del 20 % y en determinadas rutas ese incremento podía llegar hasta el 50 %. Esto suponía más de 16 millones de euros de financiación para transporte escolar", ha indicado.

Manzano ha destacado que este acuerdo fue suscrito "por unanimidad" con todas las empresas que prestan este servicio y la mayoría de las empresas han cumplido con él, pero, ha añadido, "hay un grupo minoritario que deciden no cumplir este acuerdo y ponen en peligro la prestación de este servicio".

Además, la portavoz ha informado de que la Junta ha pedido, como medida cautelar, "la garantía de la prestación del servicio de transporte escolar en el curso 2025 - 2026". Elena Manzano ha remarcado que, desde la consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, se ha hecho todo lo posible con un acuerdo de 2024 apoyado por todas las empresas, y ha explicado que no se va a permitir que haya alumnos que se queden sin este servicio esencial al que tienen derecho.

Hay que recordar que Extremadura cuenta con un total de 579 rutas escolares que atienden a 16.000 alumnos aproximadamente. De ellas las rutas afectadas serían 242 que corresponderían a unos 7.000 alumnos.