La Junta se opone al nuevo sistema de registro de la jornada: "Impone obligaciones inasumibles"

La Junta manifiesta su preocupación y rechazo ante el borrador del Real Decreto por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada, actualmente en fase de tramitación urgente por parte del Gobierno central.

Este anteproyecto, lejos de responder a las necesidades reales del tejido empresarial extremeño, especialmente compuesto por microempresas, pymes y autónomos, impone una serie de obligaciones técnicas y administrativas que resultan desproporcionadas, inasumibles y perjudiciales para la competitividad y el empleo en nuestra región.

El Ejecutivo regional critica la inobservancia de las directrices de técnica normativa, así como la ausencia de estudios económicos y presupuestarios que evalúen el impacto real de esta medida. La tramitación por vía urgente vulnera el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, al sustituir el proceso de negociación colectiva por un mero trámite de audiencia, lo que menoscaba el derecho constitucional de participación democrática.

El nuevo sistema de registro digital en tiempo real, con exigencias de interoperabilidad, trazabilidad, autenticidad y acceso remoto, supone una carga tecnológica y económica inasumible para muchas empresas extremeñas, especialmente en sectores rurales, agrarios y con menor grado de digitalización. Según datos de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, solo un 25 % de las empresas españolas gozan de una salud digital sólida, lo que agrava aún más la situación en Extremadura.

Por todo ello, la Junta pide al Gobierno Central la retirada del trámite urgente y la apertura de un proceso de diálogo real con las comunidades autónomas y los agentes sociales; la realización de un estudio económico y de cargas administrativas, conforme a la Guía Metodológica de la MAIN, así como la modificación del calendario de entrada en vigor, ajustándolo al 2 de enero o 1 de julio, tal y como establece la Ley 50/1997, para permitir una adecuada adaptación técnica y operativa; y la inclusión de líneas de ayuda específicas para pymes y autónomos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que faciliten la implantación del sistema de registro digital.

Además, el Ejecutivo reitera su compromiso con la mejora de las condiciones laborales, la conciliación y la lucha contra la precariedad, pero no aprueba medidas que, bajo el pretexto de modernización, penalizan a los más vulnerables y ponen en riesgo el tejido productivo regional e insta al Gobierno a reconsiderar este borrador y a trabajar conjuntamente con las comunidades autónomas para construir una normativa justa, viable y adaptada a la realidad empresarial de cada territorio.