La Diputación de Badajoz se pronuncia tras la sentencia de Sánchez y Gallardo

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, imponiéndole nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. La sentencia también condena al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación al considerarlo autor de dos delitos de prevaricación administrativa.

La resolución extiende las condenas a otros ocho acusados por su participación en los distintos hechos enjuiciados. Elisa Moriano Morales, Cristina Núñez Fernández, Félix González Márquez, Juana Cinta Calderón Zazo, M.ª Emilia Parejo Gala, Francisco Martos Ortiz, Luis María Carrero Pérez y Manuel Candalija Valle han sido condenados como cooperadores necesarios de distintos delitos de prevaricación administrativa, mientras que Ricardo Cabezas Martín ha sido condenado como autor de uno de ellos. Todos ellos han sido sancionados con nueve años de inhabilitación. La Audiencia, no obstante, absuelve a todos los acusados del resto de los delitos que se les atribuían, entre ellos los de nombramiento ilegal y tráfico de influencias.

La sentencia considera acreditadas tres actuaciones delictivas relacionadas con la creación y modificación de plazas en la Diputación de Badajoz. La primera hace referencia a la creación, entre 2016 y 2017, del puesto de coordinador de actividades de los Conservatorios, posteriormente adjudicado a David Sánchez, que el tribunal entiende que no respondía a una necesidad real ni al interés general. La segunda analiza la transformación de ese puesto en 2022 en la Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, al considerar que se modificó para adaptarlo a las preferencias personales del condenado. El tercer bloque se centra en la creación urgente de una jefatura en 2023, adjudicada a Luis María Carrero Pérez, con el objetivo, según la Audiencia, de facilitar su colaboración con David Sánchez.

Para fundamentar su decisión, los magistrados se apoyan principalmente en la prueba indiciaria, entre la que destacan los correos electrónicos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la documentación remitida por la Diputación de Badajoz, las declaraciones de directores de los conservatorios y las manifestaciones realizadas por David Sánchez durante la instrucción. El tribunal considera que la documentación presentada por las defensas tuvo un carácter meramente "cosmético" y no desvirtúa las conclusiones alcanzadas.

Antes de abordar la calificación jurídica de los hechos, la Audiencia realiza una reflexión sobre el nepotismo, al que define como el trato de favor a familiares o personas próximas para acceder a cargos públicos al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Los magistrados sostienen que este tipo de prácticas perjudican la salud democrática y favorecen la corrupción, aunque precisan que no toda conducta éticamente reprochable constituye necesariamente un delito. Asimismo, subrayan que el procedimiento no juzga un supuesto absentismo laboral de David Sánchez, sino el presunto uso arbitrario del poder para crear o modificar plazas públicas en beneficio de personas concretas.

LA DIPUTACIÓN SE PRONUNCIA TRAS LA SENTENCIA

Tras conocerse el fallo, la Diputación de Badajoz ha difundido un comunicado en el que reitera su respeto a la decisión de la Audiencia Provincial y manifiesta su confianza en la Justicia, "como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho". La institución provincial recuerda además que ha colaborado durante todo el proceso judicial y asegura que continuará haciéndolo siempre que sea requerida.