La Junta abre una línea de ayudas para proteger los vegetales

El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola, en materia de protección de los vegetales, con una dotación de 1.256.000 euros para el año 2018.

Las ayudas podrán ser solicitadas por las agrupaciones de productores agrícolas reconocidas oficialmente en virtud del decreto 69/2016, de 31 de mayo, por el que se regulan las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal (ATESVE) en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Esta convocatoria, según ha señalado la portavoz del Ejecutivo, pone fin al período de transición de dos años durante el cual las agrupaciones de productores debían adaptarse a la nueva regulación establecida en el decreto de 2016.

Estas ayudas están destinadas fundamentalmente a la erradicación de plagas en cultivos como viñedo, olivar, hortícola, frutal de regadío, frutales de secano, higuera, almendro y castaño, cerezo, arroz, tabaco, frambuesa y pequeños frutos, dehesa, maíz y leguminosas de regadío, así como cereales de invierno.

REGULACIÓN DOP E IGP

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la gestión de las 12 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de la región, para las que la Junta de Extremadura destinará 500.000 euros.

Podrán ser beneficiarios los consejos reguladores de las DOP Vino Ribera del Guadiana, Jamón Dehesa de Extremadura, Queso de la Serena, Queso de los Ibores, Torta del Casar, Aceite de Monterrubio, Aceite Gata-Hurdes, Pimentón de la Vera, Cereza del Jerte y Miel Villuercas-Ibores. Por otro lado, también podrán ser objeto de subvenciones las IGP Cordero de Extremadura y Ternera de Extremadura.

Gil Rosiña ha subrayado la apuesta del actual gobierno de la Comunidad Autónoma, desde el comienzo de la legislatura, por este tipo de entidades, al llevar a cabo una modificación de la Ley Agraria que permitió que las DOP y la IGP volvieran a tener consideración de entidades de derecho público y, de este modo, percibir subvenciones directas.