Acogida de menores migrantes en Extremadura: la Junta asegura que "solo hay 12 plazas"

La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia ha reaccionado a las declaraciones del delegado de Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en las que afirma que "no hay un colapso generalizado" del sistema de acogida de menores en Extremadura, asegurando que existen libres hasta 257 plazas.

Según la Junta de Extremadura, dicha afirmación tiene su origen en una comparación entre magnitudes "no equivalentes". En este sentido, explica que las 364 plazas utilizadas por el Gobierno de España "no representan plazas reales disponibles para menores extranjeros no acompañados", sino que más bien se trata de una "estimación teórica de la supuesta capacidad de acogida en la región". A ello añade que el sistema atiende a distintos perfiles y necesidades, por lo que los recursos "no son intercambiables".

Los datos actualizados de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia reflejan que actualmente Extremadura tiene acogidos a 115 menores extranjeros no acompañados, y "no a los 107 señalados públicamente". Asimismo, frente a las 257 plazas presentadas como disponibles, los informes técnicos de la Junta determinan que únicamente existen 12 plazas específicas susceptibles de ser asignadas a estos menores.

La Junta sostiene que la red de acogida atraviesa una situación de "tensión muy acentuada y preocupante" y recuerda que "durante julio se han registrado varios incidentes graves en el Centro de Acogida de Menores de Caminomorisco", entre los que enumera "altercados, desobediencias, intimidaciones al personal y amenazas, que evidencian la presión" que soportan estos recursos.

En este sentido, advierte de que la difusión de la cifra de 257 plazas libres "ofrece una imagen falsa de la situación, minusvalora la presión que soportan los centros y dificulta la necesaria coordinación entre administraciones", por lo que reclama al delegado del Gobierno que rectifique públicamente dicha afirmación.

Por último, desde la Administración subrayan que la protección de los menores exige "rigor y una utilización responsable de la información", así como que la colaboración entre administraciones "debe sustentarse en datos reales y técnicamente comparables".