La Junta considera revisar el registro de casos de violencia en la infancia y la adolescencia

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha considerado que, al igual que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, hay un infrarregistro en los casos notificados de violencia en el ámbito de la infancia y la adolescencia que se tienen a nivel nacional, el único que hay.

"Hay que cambiarlo porque hay formas nuevas de violencia que no están incorporadas al registro", ha declarado antes de presidir el pleno del Observatorio de las Familias y la Infancia de Extremadura (FIEX), órgano colegiado que orienta y asesora las políticas en esa materia.

Esa revisión del registro forma parte de la estrategia de la Ley Orgánica, aprobada en 2022, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

El registro nacional ofrece más de 21.000 casos de alguna forma de violencia y alrededor del 46 por ciento de ellos son consecuencia de ciertas negligencias por parte de los cuidadores o familiares, según ha dicho el consejero, por lo que considera que hay que incidir en ese aspecto para la protección a la infancia y la adolescencia. El objetivo es que en 2025 haya un registro unificado y también sectorizado por comunidades autónomas.

Vergeles ha señalado que el Observatorio y concienciación del buen trato a los niños y niñas, el fomento de los consejos de participación de la infancia y la adolescencia en diferentes municipios, así como el Consejo Regional.

Ha destacado también el despliegue que se ha hecho por toda Extremadura con los programas de familia asociados a los servicios sociales de atención básica y muy dirigidos al ámbito de las familias, infancia y adolescencia.

El pasado año se puso en marcha una nueva web y se ha impulsado la presencia en las redes sociales "con muy buen resultado", ya que hay una parte de niños, niñas y adolescentes que "viven dentro de las redes y su uso es fundamental".

Otro de los temas abordados ha sido el incidir en el "buen trato" en el ámbito escolar porque pueden producirse situaciones como el acoso o bullying "que lleven a problemas de salud mental y derivar en consecuencias más graves".