Una ley permitirá expropiar viviendas vacías a los bancos

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana en su reunión ordinaria de cada martes, el Proyecto de Ley de Emergencia Social de la Vivienda que persigue, según ha indicado la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, “asegurar el derecho a una vivienda digna a las personas y familias afectadas por desahucios por no poder pagar una hipoteca”.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz, junto al consejero de Políticas Sociales, José María Vergeles, han señalado que la puesta en marcha de esta Ley “posibilita la paralización de desahucios de familias en riesgo de exclusión social” y “pone en marcha los protocolos necesarios para que la Junta de Extremadura pueda realizar labores de intermediación con las entidades bancarias y asesoramiento legal”.

Entre ellos, permitirá la mediación con entidades financieras en los procedimientos de ejecución hipotecaria y permite a la Administración el derecho de tanteo sobre todas las viviendas que enajenen las entidades financieras, como consecuencia de desahucios, para destinarlas a programas de alquiler social.

De igual forma permitirá las expropiaciones temporales (varias anualidades) del uso de viviendas a las entidades bancarias, objeto de ejecuciones hipotecarias con el fin de evitar el desahucio, así como paralizar los desahucios de viviendas de promoción pública que obedezcan al impago de la renta de alquiler.

Tal y como ha explicado Rosiña, esta ley debe seguir su trámite parlamentario, y será allí donde los grupos realizarán sus aportaciones para la posterior aprobación de la misma.

La Ley de Emergencia Social de la Vivienda, junto con las ayudas al alquiler y compra de vivienda y las medidas contempladas en la Ley de Lucha Contra la Exclusión Social completan un plan integral de actuación en esta materia llevado a cabo por la Junta de Extremadura.

Finalmente, Isabel Gil Rosiña ha asegurado que desde el inicio de la legislatura socialista, en julio de 2015, “no se ha producido ni un solo desahucio en viviendas de promoción pública de familias que no pueden pagar”.