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La Junta quiere un modelo que proteja ante problemas derivados del juego

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22 de Septiembre de 2020

Extremadura, a favor de generar un modelo de protección frente a los problemas derivados del juego

La Junta de Extremadura se ha mostrado partidaria de generar un modelo de protección de registro de prohibidos entre el Estado y el resto de Comunidades Autónomas que permita la protección de personas y familias frente a los problemas derivados del juego.

Así lo ha trasladado el director general de Tributos, Francisco Javier García Martín, en el Consejo de Política del Juego celebrado este lunes, y que ha estado presidido por el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

En el transcurso de la reunión telemática han aprobado la propuesta para trabajar en la interconexión de los registros de prohibidos estatal y autonómicos con la finalidad de proteger a personas con trastornos asociados al juego patológico.

García Martín ha insistido en que la postura de la Administración autonómica es elaborar una propuesta de aproximación conjunta sobre el modelo técnico y normativo, con el objetivo de otorgar una mayor eficacia.

En la actualidad existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. El registro estatal -que depende del Ministerio de Consumo- impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por la propia comunidad autónoma.

Es decir, una persona que se haya inscrito en el registro de su Comunidad no podrá acceder a un establecimiento de juego en ese territorio, pero sí en otra región.

INTERCONEXIÓN

Actualmente estos registros no están conectados con los dependientes de la administración estatal -a excepción de en Castilla La Mancha-, de modo que desde Extremadura se ha instado a la Dirección General de Ordenación del Juego a poner los servicios electrónicos y los requerimientos técnicos necesarios que permitan automatizar la conectividad entre los distintos sistemas de información.

Para que todos los registros queden interconectados, el Gobierno de España firmará convenios con las Comunidades Autónomas a lo largo del próximo año.

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