La Junta sanciona con 120.000 € a una empresa por alterar una cañada en Extremadura
28 de Abril de 2026
Gravera en el río Zújar / FONDENEX
La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha impuesto una sanción de 120.000 euros a la empresa Áridos Pajuelo por la explotación de una gravera en el río Zújar, en el término municipal de Campanario, tras detectarse varias infracciones ambientales, según ha informado FONDENEX.
La organización recuerda que ya denunció en mayo de 2025 la destrucción de nidos de abejarucos y aviones zapadores en la finca El Toconal, así como la eliminación de vegetación ribereña, especialmente fresnos y tamujos, y la interrupción de la Cañada Real Leonesa mediante canales de drenaje.
La zona afectada se encuentra dentro del espacio protegido 'La Serena y sierras periféricas', catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC). Tras las denuncias, la Dirección General de Sostenibilidad paralizó los trabajos y abrió el correspondiente expediente sancionador.
Según detalla FONDENEX, la empresa habría incumplido varias condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental, entre ellas no respetar el arbolado de las riberas, no proteger los lugares de nidificación de abejarucos y aviones zapadores y realizar extracciones fuera del periodo autorizado, establecido entre el 1 de agosto y el 15 de marzo.
Según apuntan desde FONDENEX, el aspecto que ha motivado la actual sanción es la apertura de zanjas para evacuar el agua de las pozas generadas por la extracción de áridos, lo que ha interrumpido el paso por la Cañada Real Leonesa, actuación que está prohibida y catalogada como falta muy grave en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.
Además de la sanción económica, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha ordenado la restitución del tramo de vía pecuaria afectado a su estado original.
Desde FONDENEX han señalado que la empresa sancionada "actúa sin limitaciones en la zona y es reincidente", señalando que ya habría cometido los mismos hechos en 2024. En este sentido, consideran que la Junta de Extremadura no ha actuado "con la contundencia que los hechos merecen, ya que atentan contra el patrimonio natural de todos los extremeños".
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