La oposición critica que la Junta "quiera subir los impuestos"

El proyecto Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas de Extremadura, según la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, contempla “una reforma fiscal progresiva, justa, redistributiva y solidaria”, algo que no ha convencido a los grupos parlamentarios.

El pleno de la Asamblea acogía hoy el pleno a la totalidad de este proyecto ley, para el que la consejera espera que “todos los partidos realicen sus aportaciones”.

Blanco Morales ha defendido en su intervención que “para combatir el déficit no puede haber intervención en los servicios públicos”, ya que “los extremeños no pueden cargar con ese peso” y considera que “debe ser un esfuerzo de todos”.

Igualmente Blanco-Morales ha vuelto a reiterar su reivindicación sobre que las comunidades autónomas tengan objetivos de déficit diferenciados ya que a su juicio, “cada comunidad tiene sus características y necesidades”.

MEDIDAS DEL PROYECTO

Entre las medidas que se contemplan en este proyecto ley presentado hoy ante la Asamblea de Extremadura, está el mínimo exento en el canon de saneamiento, de dos metros cúbicos de agua por vivienda, para, según la consejera, “no dificultar las necesidades básicas de los ciudadanos”. Además, con esta medida la Junta cree que los extremeños ahorrarán 1,5 millones de euros.

Sobre el IRPF, Pilar Blanco-Morales ha indicado que se quedará como está, es decir, que no subirá, con excepción de la cuota a la adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el mundo rural. Igualmente el impuesto de sucesiones se mantendrá en la misma línea, pero el de donaciones si sufre una “leve” reforma.

En concreto se reducen las bonificaciones del 99%, 95% y 90%, según ha explicado, buscando así “la solidaridad y la redistribución de la carga tributaria”.

Y respecto al impuesto sobre el Patrimonio, la consejera ha indicado que su importe recaudador “ha tenido una tendencia a la baja” por lo que considera “necesario” acomodar el tributo a la realidad extremeña. “Situándonos en la media de las demás comunidades y reduciendo el mínimo exento”, ha defendido.

Sube al 1,5 el tipo de gravamen del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, y se pasa del 2% al 3%  el que recae sobre las escrituras públicas en la que se renuncia a la exención del IVA, con lo que la Junta pretende recaudar 6 millones de euros.

En el tributo sobre el juego, se establece una cuota fija reducida para máquinas tipo B1, a petición del sector, con apuestas limitada a 10 céntimos y la tasa fiscal se fija en 375 euros trimestrales, frente a los 850 euros de las B1 tradicionales. La estimación en la recaudación es de 975.000 euros.

Y en cuanto a los tributos propios, se revisan las tarifas que gravan el transporte de energía eléctrica, como compensación de los daños ocasionados, y se incrementan en un 20 por ciento los tipos de gravamen en el Impuesto sobre eliminación de residuos en los vertederos.

Asimismo, se modifican las tarifas por actividades administrativas en TV y radiodifusión y se crean tasas por actividades administrativas en Comunicación Audiovisual, por uso compartido de canalizaciones en telecomunicaciones y por instalación de equipos radioeléctricos en edificios públicos.

Finalmente, el proyecto de Ley contempla una serie de medidas no tributarias (patrimoniales, financieras, de subvenciones, de contratación, de procedimiento sancionador en materia de consumo y de organización) cuyo objetivo es dar respuesta legislativa a cuestiones que responden a la prohibición por parte del Tribunal Constitucional de incluir en la Ley de Presupuestos.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

María Victoria Domínguez, diputada de Ciudadanos, le ha llamado la atención que este proyecto “llegue a la cámara después de que la Junta haya cerrado el presupuesto” y ha criticado que con estas medidas “exista una subida de impuestos”. Ante esto, Domínguez ha mostrado el rechazo de su grupo parlamentario hacia “la presión fiscal” ya que a su juicio “estas medidas perjudicarán más a la clase media”.

Por otro lado, Álvaro Jaén, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos no ve normal que esta ley “se apruebe seis meses después de aprobarse un presupuesto, cuando debería ir acompañado”, por lo que le ha pedido a la Junta que “tomen nota para los presupuestos de 2017”. Asimismo ha criticado que “no se recoge ni una sola medida para luchar contra el fraude fiscal”.

Luis Alfonso Carrón, diputado del Partido Popular, ha recordado que una de las líneas rojas de su grupo parlamentario era “que no se subieran los impuestos” algo que “leyendo este proyecto, vemos que no se cumple”. Por eso, ha lamentado que la Junta “vuelva a sus viejas recetas de subir los impuestos”.

Finalmente, el diputado del Partido Socialista, Jorge Amado, ha venido defendiendo lo mismo que la consejera, “que este proyecto de ley contempla un sistema fiscal más progresivo, solidario y justo”.