Las D.O. serán de nuevo entidades de derecho público

La Asamblea de Extremadura ha decidido por unanimidad una modificación de la Ley Agraria por la que las Denominaciones de Origen (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) vuelven a ser consideradas como entidades de derecho público.

La diputada del Partido Socialista, Mª Teresa Macías ha indicado que esta propuesta responde a la demanda de los consejos reguladores de las DOP y de todo el sector agroalimentario extremeño, por lo que ha incidido en que no se trata de “desprestigiar” la ley agraria aprobada por el PP en la anterior legislatura.

Con esta medida, ha dicho Macías, “se dará seguridad a las denominaciones de origen a la hora de tomar decisiones”, y añade que con esta propuesta “se recupera un marco jurídico que permite ser entidades de derecho público” y olvidar “la privatización”.

RESPUESTA DE LOS GRUPOS

La portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez ha estado a favor de esta modificación y ha destacado la importancia de este sector.

Irene de Miguel, diputada de Podemos, ha asegurado que este cambio ayudará a realizar un “mejor producto” y a “mejorar la calidad” del mismo, del mismo modo que contribuirá a que Extremadura “tenga una marca propia”.

Por último, la diputada del PP, Virginia Alberdi ha indicado que esta modificación se podría haber evitado, ya que podría haberse realizado durante el proceso de cambio de la norma que tuvo lugar hace unos meses en nuestra comunidad, aunque se ha mostrado a favor de este cambio abogando porque “aquellos temas que pueden ser mejorados, deben ser modificados”.