Las medidas de la Junta y las mejoras tras la muerte de Belén Cortés en Badajoz

9 de Marzo de 2026

El crimen de la educadora social Belén Cortés en Badajoz cumple este lunes un año. Desde entonces, la Junta de Extremadura ha implementado mejoras para prevenir y evitar hechos de esta gravedad protegiendo a los trabajadores.

La Consejería de Salud y Servicios Sociales licitó un nuevo contrato de hogares de inserción sociolaboral para dar cumplimiento a las medidas judiciales de convivencia en grupo educativo impuestas por los juzgados de menores.

Un contrato ya en vigor, que duplica la inversión respecto de la licitada por el anterior Gobierno en el año 2022 y que introduce importantes mejoras en el servicio, muchas de ellas solicitadas por los propios profesionales, lo que supone no solo una notable mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, sino también poder prestar una mejor atención para la reinserción de los jóvenes.

Entre las principales mejoras contempladas destaca la ampliación del número de profesionales de cada hogar, de tal manera que se garantiza la presencia de, al menos, dos profesionales en cada turno, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Además, se ha incorporado una nueva categoría profesional, con un perfil más relacionado con el control, la seguridad y la contención, la de AUXILIAR DE CONTROL EDUCATIVO, que se suma a los Psicólogos, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales y Auxiliares Técnicos Educativos, conformándose así un equipo multidisciplinar.

Además, se ha dotado a los hogares y los trabajadores de sistemas de alarma de aviso rápido, tipo botón del pánico o similares, que garanticen una respuesta rápida ante situaciones de riesgo para la integridad física de los menores o de los trabajadores.

Igualmente, creen fundamental, y así lo pedían los profesionales, la necesidad de ofrecer a los trabajadores, además de la formación general adecuada para cada especialidad, una formación específica relacionada con la actuación ante situaciones de violencia, que contemple técnicas de prevención y control de la situación, técnicas físicas para casos en los que haya que actuar, así como de autocuidado emocional del trabajador.

La empresa adjudicataria también debe disponer de un protocolo específico de actuación ante situaciones de violencia, independiente del resto de protocolos y programas del proyecto educativo de los jóvenes, así como de una herramienta técnica de evaluación del riesgo de reincidencia, tanto a lo largo del proyecto educativo como en el informe final de cada residente.

Además, como mejora al contrato, se contempla una bolsa de horas de Auxiliares de Control Educativo para la realización de trabajos de apoyo que fueran necesarios.

En definitiva, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha mostrado su compromiso con la mejora de los recursos destinados al sistema de reforma juvenil, dotando de mayor protección y formación a los profesionales y a la vez de una atención que permita trabajar con mayor calidad en la reinserción de los menores infractores.

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