Ley Rider: Los repartidores se convierten en empleados, pero muchos quedarán sin trabajo por ello

El Gobierno aprobó finalmente este martes la 'Ley Rider' que impulsó el Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz. Esta medida estipula que los repartidores de plataformas de comida a domicilio online pasarán a convertirse en empleados de estas compañías, dejando de ser autónomos como lo eran hasta ahora.

Según las palabras de Díaz, esta nueva ley “protege a los más vulnerables”, en especial a los jóvenes y añade que "es el momento de propiciar la mejora del bienestar en nuestro país". Además, destaca que España es pionera en este tipo de ley, pues ningún país ha legislado una ley en esta materia todavía y destaca que Europa está tomando nota de ello.

De esta manera, esta nueva ley solo modifica en dos puntos al Estatuto de los Trabajadores que ya existía. Primero, clarifica que los repartidores que trabajan para estas plataformas online son asalariados y no autónomos, y que, por primera vez, se regula el derecho de los representantes de los trabajadores a que la empresa les informe de “los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial” que pueden afectar a su contratación, condiciones de trabajo y el mantenimiento del empleo.

Estas plataformas en las que se centra la ley son Deliveroo, Glovo, Uber Eats o Stuart, que fueron pioneras en este tipo de negocios y modelo de trabajo por los que fueron blanco de muchas críticas que este decreto va a regular.

De esta manera, la ley garantiza que estas empresas coticen por sus repartidores y estos, a su vez, contarán con los derechos y coberturas que correspondan a un trabajador por cuenta ajena: descanso, vacaciones pagadas, prestación por incapacidad o desempleo…

Esta ley, si no ocurre nada fuera de lo previsto y cumple con el plazo de tres meses desde que se publica en el BOE, entraría en vigor el próximo 12 de agosto.

MUCHOS REPARTIDORES QUEDARÁN SIN EMPLEO

A pesar de que se ha conseguido hacer ley, la negociación para llegar a ese punto no fue fácil, pues organismos como UGT y CCOO intentaron que la regulación no solo afectara a los repartidores sino también a trabajadores de otras plataformas y sectores que sufrían situaciones similares. Desde las propias plataformas también habían puesto dificultades pues, aunque defendían lo que la ley estipula, advertían que podría costar numerosos puestos de trabajos.

Ni siquiera dentro del propio colectivo de los llamados “riders” muestran unanimidad. Aunque muchas de las organizaciones de estos trabajadores luchaban por lograr estas condiciones, otros, impulsados por las propias compañías, se oponían a que se tocara la legislación.