Más de 500.000 euros para la formación de empleados públicos
12 de Julio de 2016
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio con la Diputación de Badajoz por el que se concede a esta institución una ayuda económica, por importe de 389.322 euros, para financiar el Plan de Formación Agrupado para los empleados públicos de la Administración Local de esa provincia.
Este convenio tiene como marco la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como en el Acuerdo de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas de 19 de julio de 2013.
El convenio tiene como finalidad gestionar los fondos provenientes del Estado (Instituto Nacional de Administración Pública) para financiar la formación de los empleados públicos destinada a reforzar la productividad y la mejora continua de la Administración Local.
En este sentido, se ha considerado más eficaz hacer recaer en las diputaciones la responsabilidad de liderar esa gestión por la capacidad que tienen estas instituciones para coordinar actuaciones y unificar criterios en el ámbito local de cada provincia.
Se pretende con ello, además, conseguir que la formación alcance al mayor número posible de municipios y de empleados locales.
FEMPEX
Además, la Junta también ha destinado una subvención a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), por importe de 124.879 euros, para financiar el Plan Formación de los empleados públicos locales de Extremadura.
El Ejecutivo extremeño considera que al actuar la FEMPEX como promotora principal de los intereses de los municipios extremeños, “resulta un agente esencial en la detección de las necesidades o actividades formativas que puedan redundar en la mejora de la productividad y de la calidad de los servicios prestados por los empleados públicos de ámbito local”.
Por todo ello subyace un interés público en la concesión directa de una subvención a la FEMPEX que atienda la necesidad de llevar a cabo una gestión de la formación de los empleados públicos de ámbito local más eficiente, de calidad, uniforme y que se acomode a los nuevos principios introducidos tras la entrada en vigor de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
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