Cuestionan la viabilidad de la mina de Cañaveral: "La UE habría detectado carencias técnicas"

La Plataforma No a la Mina de Cañaveral ha cuestionado el respaldo institucional y la financiación pública concedida al proyecto minero de litio “Las Navas”, promovido por la empresa Lithium Iberia en la localidad cacereña de Cañaveral, tras conocerse diversas informaciones que apuntan a que la iniciativa no habría superado inicialmente varios criterios técnicos exigidos por la Comisión Europea para ser considerada Proyecto Estratégico dentro de la Ley Europea de Materias Primas Críticas (CRMA).

Según expone la plataforma, otros proyectos españoles como Doade, en Orense, o Cobre Las Cruces, en Sevilla, tampoco habrían superado ese primer filtro técnico en enero de 2025. No obstante, todos ellos terminaron siendo incorporados a la lista definitiva aprobada por la Comisión Europea en marzo de este año después de las observaciones remitidas por el Gobierno de España.

El colectivo señala que las dudas planteadas por los evaluadores europeos sobre el proyecto de Las Navas coincidirían con algunas de las alegaciones y objeciones trasladadas desde el territorio desde el año 2023. Entre ellas, citan cuestiones relacionadas con la acreditación de reservas mineras conforme a estándares internacionales, la viabilidad financiera del proyecto y los mecanismos de sostenibilidad, transparencia y participación social.

En este sentido, la plataforma sostiene que los técnicos de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea (DG Grow) habrían cuestionado que las reservas mineras estuvieran suficientemente acreditadas, al considerar que el proyecto habla de recursos minerales, pero no demostraría de forma integral la viabilidad de la explotación.

Asimismo, añaden que la viabilidad financiera tampoco habría quedado suficientemente documentada y que el Ejecutivo español habría defendido el proyecto apoyándose, entre otros elementos, en la financiación pública ya concedida. El proyecto ha recibido más de 33 millones de euros a través de fondos PERTE-VEC procedentes de los Next Generation, repartidos en una ayuda de 13 millones concedida en noviembre de 2023 y otra de 20 millones aprobada en enero de 2025.

En materia de sostenibilidad e impacto social, la plataforma asegura que los evaluadores europeos también habrían mostrado dudas sobre la acreditación social del proyecto y la ausencia de mecanismos verificables de participación y gobernanza. Según indican, las respuestas remitidas por el Ministerio se habrían basado en políticas corporativas de la empresa y en el propio trámite de información pública desarrollado durante la tramitación administrativa.

Las organizaciones y colectivos contrarios a la mina sostienen además que el proceso ha estado marcado por la falta de acceso completo a la documentación del expediente y reclaman respuestas sobre posibles afecciones ambientales y territoriales. Entre las cuestiones pendientes mencionan impactos sobre masas de agua, depósitos de residuos mineros, ocupación de monte público, afecciones a la biodiversidad y conflictos urbanísticos vinculados al proyecto.