Anuncian movilizaciones tras la derogación del Real Decreto para la subida de las pensiones

Las plataformas y movimientos de pensionistas de los pueblos y comunidades del Estado han denunciado la derogación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley 16/2025, aprobado por el Gobierno en diciembre y que recogía la subida de las pensiones para 2026.

La norma fue rechazada este lunes con 178 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, frente a 171 votos a favor. El decreto contemplaba una revalorización general del 2,7 % para las pensiones, incrementos de entre el 7 % y el 11,4 % para las pensiones mínimas, y una subida del 11,4 % para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Según advierten las organizaciones de pensionistas, estos aumentos, ya aplicados en la nómina de enero, quedarán sin efecto a partir de febrero si no se aprueba un nuevo Real Decreto Ley que los respalde.

Desde las plataformas recuerdan que el decreto daba cumplimiento a la actualización de las pensiones conforme al IPC del año anterior, tal y como recogen las leyes 21/2021 y 3/2023. A su juicio, la votación demuestra que “las pensiones siguen siendo moneda de cambio” para algunos partidos y no un derecho básico garantizado. Además de la revalorización, el texto incluía la prórroga del denominado “Escudo Social Básico”, con medidas como la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para hogares vulnerables, la imposibilidad de cortar suministros básicos, la ampliación del bono social eléctrico, la revalorización del Ingreso Mínimo Vital y ayudas fiscales para personas afectadas por catástrofes naturales.

Las organizaciones consideran que la derogación de estas medidas supone “una agresión” contra las condiciones de vida de las personas más vulnerables. En este contexto, han advertido de que, si la situación no se revierte antes del 20 de febrero, convocarán movilizaciones el lunes 23 de febrero, siguiendo el ejemplo de las protestas iniciadas en enero de 2018. Según han señalado, su objetivo es defender las mejoras logradas y evitar nuevos recortes en el sistema público de pensiones.