Piden la vacunación con Astrazeneca para los docentes extremeños

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha registrado una reclamación, dirigida al consejero de Sanidad, José María Vergeles, contra la pretensión de imponer la segunda dosis de Pfizer como regla general y solo excepcionalmente la de AstraZeneca (Vaxzevria), por lo que exigen que se proceda a inocular la segunda dosis de AstraZeneca a los docentes, que ya se pusieron la primera dosis de la misma marca de vacuna, dentro del plazo estipulado de máxima eficacia.

Los docentes, cumpliendo con su obligación y ejercitando su derecho, participaron en la campaña de vacunación, aceptando, sin opción, la primera dosis de astrazeneca, que eligió discrecionalmente la administración para los funcionarios menores de 60 años.

Sin embargo, ahora, están comunicando a los docentes, por diversas vías, que tienen que vacunarse con una segunda dosis de otra marca distinta a la primera (Pfizer) y solo excepcionalmente y previo consentimiento por escrito optar por la segunda dosis de AstraZeneca. “Debe administrarse AstraZeneca siguiendo las indicaciones de la Agencia Europea de Medicamento (EMA) y la ficha técnica de la propia farmacéutica, y así se han decantado los profesionales mayoritariamente en otras comunidades autónomas al ser vacunados con AstraZeneca en 2º dosis”.

Las comunicaciones recibidas por los docentes no indican los recursos que caben contra la misma; pero, sin duda, “es un acto o resolución administrativa que no se ajusta a derecho, lo que constituye un funcionamiento anormal de los servicios públicos y el derecho a la salud (el derecho a ser vacunado cumpliendo la pauta completa con las dos dosis de la misma marca)”.

“Es un claro funcionamiento anormal de la administración, que, por falta de previsión, por estrategia política o por motivos ajenos a la voluntad de los docentes, ha fracasado en recopilar o hacer acopio de vacunas para la segunda dosis, y si no lo hizo, no puede jurídicamente imponer una segunda dosis con otra vacuna, porque no está demostrado científicamente que sea eficaz, y además traspasa todos los limites desde el punto de vista del derecho constitucional a la salud. Es un claro abuso del derecho por parte de la administración y los docentes no tienen el deber jurídico de soportarlo”, concluyen desde el sindicato.