Exigen a la Junta perdonar las deudas a las familias de viviendas sociales

'Soberanía y Trabajo' y 'Campamento Dignidad' han exigido a la Junta de Extremadura la supresión de las deudas que mantengan las familias residentes en viviendas sociales de titularidad pública. Ambas organizaciones consideran que el coste de esta medida sería, a su juicio, "muy inferior a los impuestos que perdona el gobierno regional a los sectores más ricos y beneficiados de la sociedad extremeña".

Según denuncian, el gobierno autonómico "renuncia a millones de euros en impuestos a los ricos", haciendo referencia a sucesiones, patrimonio o transmisiones patrimoniales, conceder beneficios fiscales a empresas energéticas o ayudas a grandes explotaciones agrícolas. También critican las subvenciones a promotores privados que, afirman, "reciben casi gratuitamente terrenos públicos de los ayuntamientos y luego venden las viviendas privadas a precios inalcanzables para las clases trabajadoras".

Estas reivindicaciones llegan en un contexto de aumento del coste de la vida. Los colectivos aseguran que la inflación está afectando especialmente a las familias con menos recursos, mientras que "la gran banca registra beneficios multimillonarios" en los primeros meses del año. En esta línea, critican que "no dejan de apretar las tuercas a las clases trabajadoras más empobrecidas", acusando al Gobierno de pretender "reducir en lo que pueda el gasto público social, puesto que necesita los fondos públicos para la producción y compra de armas".

Asimismo, critican la actuación del Ministerio de Seguridad Social respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Denuncian el envío de cartas a beneficiarios para que acrediten posibles cambios en su unidad de convivencia, lo que, según indican, está generando "angustia e incertidumbre" entre personas en situación de exclusión social que dependen de esta prestación.

En materia de vivienda, las organizaciones alertan de que el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), dependiente de la Diputación Provincial de Badajoz, está enviando notificaciones a inquilinos de viviendas sociales para que regularicen sus pagos, advirtiendo de la posible extinción de los contratos en caso de impago. A su juicio, estas comunicaciones están generando preocupación entre las familias afectadas ante el riesgo de desahucio.

Finalmente, denuncian la falta de vivienda pública y el encarecimiento de los alquileres, lo que, señalan, obliga a muchas personas a compartir piso o recurrir a infraviviendas. Por ello, reclaman una política que garantice el acceso a una vivienda digna y la condonación de las deudas acumuladas por los inquilinos de vivienda social.