Sancionan a los organizadores del festival Puro Latino en Sevilla y Madrid: los motivos

La Junta de Andalucía ha sancionado a los organizadores del festival Puro Latino a raíz de las denuncias presentadas en agosto de 2024 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Las resoluciones, dictadas por la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga, confirman la existencia de prácticas abusivas detectadas en diferentes ediciones del festival, celebradas en Sevilla y Madrid, y atribuyen a las empresas responsables el incumplimiento de la información en la venta de bienes y la introducción de cláusulas abusivas en los contratos. Las sanciones impuestas ascienden a 900 euros por la infracción leve y a 32.500 euros por la infracción grave en cada expediente.

Uno de los aspectos más graves señalados por la Junta es el sistema de pago cashless, que era el único método permitido para consumir dentro del evento. OCU había denunciado que este método, al ser obligatorio, restringía el derecho a pagar en efectivo, y que además implicaba que el consumidor tuviera que abonar dos euros para recuperar el dinero no gastado, generando un perjuicio económico sin justificación. Las resoluciones confirman que este sistema, tal y como estaba planteado, imponía costes adicionales no justificados y contrariaba la normativa de consumo.

La Junta también sanciona el cobro por salir y volver a entrar al recinto del festival. Esta cláusula obligaba al espectador a pagar 15 euros por un derecho básico: la libertad de entrar y salir durante un evento de larga duración. OCU había alertado de que esta práctica, cada vez más extendida, no respondía a un servicio real y podía considerarse un cobro arbitrario, e incluso una retención injustificada. Según las resoluciones, este sistema carecía de una motivación válida y suponía una restricción desproporcionada para los asistentes.

Asimismo, las sanciones confirman que los festivales Puro Latino incluían cláusulas abusivas relativas a la modificación de programación o a la política de devoluciones, así como penalizaciones desproporcionadas por la pérdida o deterioro de pulseras RFID obligatorias para acceder. La Junta concluye que estas condiciones generaban un desequilibrio contractual evidente, que perjudicaba al consumidor e iba en contra del principio de buena fe previsto en la normativa de protección de usuarios.

OCU celebra estas resoluciones como un avance en la defensa de los asistentes a festivales y eventos multitudinarios. La organización viene reclamando desde hace años un mayor control administrativo sobre estos formatos de ocio, que concentran a miles de consumidores jóvenes y, en ocasiones, presentan prácticas comerciales opacas o desequilibradas. La confirmación de estas sanciones demuestra la importancia de que los usuarios denuncien y de que las administraciones actúen con firmeza ante abusos reiterados.

Por último, OCU insiste en que lo ideal sería que el Ministerio de Consumo desarrollara una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos en vivo, estableciendo a su vez compensaciones automáticas en caso de malas prácticas. Y es que hoy por hoy, salvo en el caso de Asturias, la legislación autonómica es permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores de los festivales de música al aire libre.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.