SATSE exige aplicar ya las medidas contra agresiones a sanitarios: "No se puede esperar a que se apruebe"

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado a las comunidades autónomas que todas las medidas contempladas en el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco para actuar contra las agresiones y la violencia por razón de género o sexual en el ámbito sanitario "se hagan realidad antes incluso de la aprobación de la norma y que no haya situaciones de discriminación o desigualdad en función del territorio donde trabaje la persona afectada".

SATSE recuerda que la negociación mantenida con el Ministerio de Sanidad ha posibilitado la inclusión de un decálogo de actuaciones y medidas "con el principal objetivo de proteger a enfermeras, fisioterapeutas y resto de profesionales de la sanidad pública ante la creciente escalada de agresiones verbales y físicas y de situaciones de violencia por razón de género o de carácter sexual".

El sindicato subraya que son todas actuaciones de tal necesidad e importancia que "no se puede esperar a que el proyecto normativo culmine su tramitación pendiente y se apruebe en el Congreso de los Diputados para ponerlas en práctica". Por ello, reclama a las consejerías de Sanidad que las implementen en sus respectivos servicios de salud lo más pronto posible.

MÁS SITUACIONES VIOLENTAS

SATSE incide en que "los últimos datos del Ministerio de Sanidad constatan que la violencia en el ámbito sanitario es un grave problema cuya incidencia es cada vez mayor". En concreto, en 2025 se denunciaron un total de 18.563 agresiones, un 8,74 por ciento más. Del total, un 30% fueron sufridas por enfermeras, un porcentaje superior al registrado en 2024, que fue de un 29%.

El Sindicato recalca, además, que su implementación "debe ser conjunta y coordinada en todas las autonomías para que no haya diferencias en función del servicio de salud en el que trabaje la víctima de una situación de violencia, sea del tipo que sea".

"Cualquier persona ha de trabajar sin miedo y con la plena certeza de que su administración va a hacer todo lo posible para evitar situaciones violentas y que, si se producen, tendrá todo el apoyo y ayuda necesaria", apunta.

DELITO

La reforma del actual Estatuto Marco, que data de 2003, también reconoce al personal estatutario como 'Autoridad Pública'. Algo que, desde la reforma del Código Penal de 2015, ya es una realidad, para que las agresiones o amenazas graves contra el personal sanitario que trabaja en centros públicos se castiguen como un delito de atentado contra la autoridad. Así, las penas son más severas que las de un delito común de lesiones o amenazas.

Otro avance del EM es que las víctimas de violencia de género o sexual que se vean obligadas a abandonar su puesto tendrán derecho al traslado a otra plaza de su misma categoría profesional, sin necesidad de que sea vacante, además de facilitarse la movilidad entre servicios de salud para garantizar su protección. En cuanto a las excedencias, podrán solicitarse sin tiempo mínimo previo, con reserva de la plaza de origen y cómputo a efectos de antigüedad y derechos. Asimismo, se contemplan medidas para la igualdad real del colectivo LGTBI y protocolos contra el acoso y la violencia.