La Justicia obliga al Ayto. de Badajoz a ejecutar un acuerdo que llevaba meses bloqueado

La asesoría jurídica de USO Extremadura ha obtenido una sentencia favorable frente al Ayuntamiento de Badajoz. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz ha estimado íntegramente la demanda presentada por el sindicato y ha declarado contraria a Derecho la inactividad municipal por no ejecutar un acuerdo plenario firme que reconocía el nivel 22 de complemento de destino para determinados puestos de trabajo. Como consecuencia, el Ayuntamiento deberá aplicar dicho nivel desde la firmeza del acuerdo, abonar las diferencias retributivas dejadas de percibir, los intereses legales y las costas del procedimiento.

Según explica el sindicato, el origen del conflicto se remonta al acuerdo plenario del 13 de noviembre de 2025, mediante el que el Ayuntamiento aprobó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para adecuar al nivel 22 los puestos afectados. El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, adquirió firmeza al no ser recurrido y, por tanto, era plenamente ejecutivo. Sin embargo, el equipo de gobierno decidió no darle cumplimiento alegando la ausencia de un jefe de servicio que emitiera los informes necesarios, un planteamiento que el juzgado rechaza al recordar que la Administración no puede retrasar la ejecución de un acuerdo firme mediante actuaciones internas o decisiones posteriores.

Para USO, esta sentencia va más allá del caso concreto y pone de manifiesto una forma de gestionar los Recursos Humanos basada, a su juicio, en la "desidia, inacción, ralentización intencionada, falta de impulso y el incumplimiento de acuerdos", obligando a los trabajadores a acudir a los tribunales "para hacer valer derechos ya reconocidos por el propio Ayuntamiento".

El sindicato denuncia además una "preocupante dejación de funciones" del concejal delegado de Recursos Humanos y asegura que diferentes acuerdos permanecen sin ejecutarse, mientras que numerosos derechos recogidos en el Acuerdo Regulador del Ayuntamiento siguen sin aplicarse. A su juicio, las "excusas organizativas" no pueden justificar el incumplimiento de acuerdos plenarios ni trasladar las consecuencias de una mala gestión a los empleados municipales.

Por último, USO sostiene que esta situación también repercute en las arcas públicas, ya que cada incumplimiento acaba traduciéndose en el pago de atrasos, intereses y costas judiciales con dinero público. El sindicato considera que esta sentencia supone un nuevo respaldo al trabajo de su asesoría jurídica y asegura que continuará utilizando todas las vías legales necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los empleados públicos del Ayuntamiento de Badajoz.