"Stop Alquileres Abusivos" denuncia un paraíso fiscal para los caseros en Cáceres

La plataforma vecinal cacereña “Stop Alquileres Abusivos” ha denunciado duramente las últimas medidas aprobadas por el Gobierno en materia de vivienda, calificándolas de “injustas y contraproducentes” para territorios como Extremadura, donde —según sostienen— los caseros ingresan de media el doble que sus inquilinos.

Desde la plataforma consideran un agravio fiscal que se plantee una rebaja del 0% en impuestos a los propietarios, mientras familias trabajadoras, madres solteras, estudiantes o pensionistas continúan tributando por sus ingresos. Sus asesores técnicos advierten además de que la medida será poco efectiva debido al elevado número de alquileres sin declarar y que, lejos de frenar el problema, alimentará la burbuja especulativa y encarecerá aún más los precios.

La portavoz de la plataforma, Aida Donoso, ha sido especialmente crítica al señalar que esta rebaja fiscal beneficia directamente a los caseros en plena emergencia habitacional. “En Extremadura los caseros ingresan 44.000 euros al mes, frente a los 20.000 de las familias inquilinas. Esta medida solo hará que los alquileres sigan subiendo”, ha afirmado.

Aunque la plataforma valora positivamente que se empiecen a regular los alquileres de habitaciones y de temporada, considera que su aplicación depende de la Junta de Extremadura, a la que reprochan no haber declarado Cáceres como zona tensionada desde 2023, pese a que esa figura ya ha logrado frenar o reducir precios en ciudades como Barcelona o A Coruña.

En esta línea, Ángel Andreo, coordinador del equipo jurídico de la Oficina de Derechos del Inquilino, ha subrayado que mientras en Cáceres los precios se acercan ya a los 800 euros mensuales, en las zonas donde se aplica la Ley de Vivienda los alquileres sí están bajando.

Por su parte, Daniel Pulido, miembro de la plataforma, ha denunciado que “no es lógico que un trabajador pague impuestos por su sueldo mientras se convierte a los caseros y fondos buitre en un paraíso fiscal”. La organización reclama contratos indefinidos y una bajada drástica de los alquileres para aliviar la situación de miles de vecinos.