Un año más con problemas: ¿qué está ocurriendo con el transporte escolar en Extremadura?

El Gobierno de la Junta de Extremadura ha presentado una denuncia penal en el juzgado de guardia de Mérida contra varias empresas a las que acusa de ejercer coacciones y prácticas irregulares en los procedimientos de contratación de rutas de transporte escolar.

Según el Ejecutivo regional, estas conductas tenían como objetivo alterar los precios de los contratos para obtener adjudicaciones muy superiores a los valores fijados en el acuerdo marco previamente firmado.

Aunque estas empresas son minoría, cuentan con una gran capacidad de prestación del servicio, lo que agrava el problema.

La portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano, explicó que la denuncia busca defender el derecho a la educación de todos los extremeños y garantizar la prestación de un servicio público esencial. “No vamos a permitir que haya alumnos que se queden sin transporte escolar, un derecho que debe estar plenamente garantizado”, señaló.

Manzano recordó que al llegar al Gobierno, en 2023, se encontraron con un servicio que se seguía pagando con tarifas de 2016. Aunque el anterior Ejecutivo socialista había firmado un acuerdo con las empresas en 2021, nunca se actualizaron los precios.

En 2024, el actual Gobierno alcanzó un nuevo acuerdo que elevaba de manera considerable las tarifas y que fue respaldado por la mayoría de las empresas del sector. “Hemos hecho todo lo posible para garantizar este servicio vital y no vamos a permitir que las malas prácticas de unos pocos lo pongan en riesgo”, subrayó la portavoz.

ANTECEDENTES

• 2016 – Los precios del transporte escolar quedaron congelados en esa anualidad, pese al aumento progresivo de los costes de combustible y mantenimiento.
• 2021 – El anterior Ejecutivo firmó un acuerdo con empresas del sector, pero no llegó a actualizar las tarifas, manteniéndose las de 2016.
• 2023 – Con la llegada del nuevo Gobierno regional, se constató la situación de precariedad en el servicio, con precios desfasados que dificultaban la sostenibilidad del transporte escolar.
• 2024 – Se alcanzó un nuevo acuerdo con la mayoría de las empresas, que incluía una subida “considerable” de las tarifas para garantizar la continuidad y calidad del servicio.
• 2025 – Algunas empresas minoritarias, pese a haber firmado el acuerdo marco, han intentado alterar los precios para adjudicarse contratos más caros, lo que ha motivado la denuncia penal presentada por la Junta de Extremadura.