UGT Extremadura alerta del colapso en el Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia

La organización sindical confirma el empeoramiento de la situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Extremadura. Los datos del Observatorio Estatal para la Dependencia confirman la pérdida de puntos en la comunidad, hasta situarla en el puesto 18 del ranking nacional.

Concretamente, el informe de 2025 expone que en Extremadura 1.313 personas fallecieron en lista de espera. De ellos, 616 aún no habían sido valoradas. Mientras que 697 tenían el derecho reconocido, pero se mantenían a la espera de recibir una prestación o servicio, así lo ha dado a conocer UGT.

Para el sindicato, estos datos evidencian la situación crítica del sistema, al que tachan de incapaz por no poder garantizar el acceso efectivo de los extremeños a un derecho reconocido por ley. Además, la lista de espera en Extremadura aumentó notablemente, actualmente se sitúa en el 13,55% de la media nacional.

Todo ello se suma a la tasa limbo, es decir, el volumen de personas con derecho reconocido que aún no han recibido ninguna prestación. Por otro lado, UGT destaca el lento crecimiento del sistema, en el que se ponen de manifiesto las debilidades estructurales del sector de la atención en Extremadura.

El sindicato también orienta su crítica hacia el modelo basado en prestaciones de bajo impacto económico. Tanto el Servicio de Ayuda a Domicilio como la teleasistencia mantienen su tendencia negativa, lo que limita la respuesta a las necesidades de las personas dependientes.

En este sentido, en Extremadura invierte 5.223,8 euros por persona, lo que supone 800 euros por debajo de la media nacional. Por ello, la secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales de UGT Extremadura, María José Ladera, confirma que existe un “problema estructural grave”.

Ante ello, María José Ladera reclama el refuerzo de los equipos de valoración, la reducción real de los plazos de resolución, el incremento finalista y la ampliación de la red pública de servicios y prestaciones. Con estas propuestas, la secretaria busca conseguir un sistema “ágil, financiado y con capacidad de respuesta real”.