Los educadores sociales siguen "sin protección suficiente" tras el asesinato de Belén Cortés en Badajoz

En marzo de 2025, la ciudad de Badajoz quedó profundamente conmocionada por el asesinato de la educadora social Belén Cortés, un suceso que abrió un intenso debate sobre la seguridad de los profesionales que trabajan con menores tutelados.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 9 de marzo en un piso tutelado de la urbanización Guadiana, donde los menores se encontraban bajo custodia. El cuerpo de la educadora fue hallado por la Policía en la madrugada del 10 de marzo.

Un año después de la tragedia, 7Días ha contactado tanto con educadores sociales como con la Junta de Extremadura para conocer qué medidas se han adoptado desde entonces y si estas son suficientes para garantizar la protección de los trabajadores del sector.

Desde la Junta de Extremadura aseguran que "las mejoras ya están incluidas en el nuevo contrato de servicios, actualmente en vigor", el cual contempla la presencia de dos trabajadores las 24 horas del día, los siete días de la semana, la incorporación de un botón del pánico para emergencias, una nueva figura profesional de auxiliar de control educativo y un refuerzo en la formación de los profesionales.

No obstante, estas medidas se aplican únicamente a los pisos de medidas judiciales, dejando fuera a los pisos de protección, una distinción que ha generado malestar entre los educadores sociales que trabajan con menores en este segundo recurso.

"Estas mejoras no nos amparan, pero el riesgo es el mismo", explica una trabajadora. "Los niños son iguales. Trabajamos con menores procedentes de familias desestructuradas, con historias muy difíciles, y en algunos casos con medidas judiciales pendientes por delitos cometidos anteriormente. La situación y el riesgo no cambian".

Desde este colectivo consideran que, en el caso del asesinato de Belén Cortés, "el sistema falló previamente y no actuó cuando debía", aunque subrayan que ello no convierte a esos menores en distintos a los que actualmente residen en pisos de protección.

Ante la falta de cambios, los profesionales trasladaron a la Junta un escrito en el que reclaman mejoras no desde el miedo, sino desde la realidad logística del trabajo diario. Denuncian que en muchos turnos hay una sola persona para atender a ocho menores y solicitan, además, una furgoneta para los desplazamientos, evitando así el uso de los vehículos personales de las trabajadoras.

Hasta el momento, aseguran no haber recibido respuesta. Mientras tanto, continúan desempeñando una labor que definen como puramente vocacional, pero en la que se sienten desamparadas ante cualquier comportamiento indebido de los menores bajo su tutela.