Unidas por Mérida sobre el Plan de Vivienda: “145.000 € no son asequibles”

Unidas por Mérida reconoce la necesidad de aumentar el parque de vivienda, pero señala que el anuncio se queda corto y no aborda el problema de fondo: la dificultad real de acceso a la vivienda para la mayoría de la juventud y las familias con menos recursos, desde la coalición lo dejan claro, “145.000 euros no son "asequibles” para nadie de los que necesitan vivienda en nuestra ciudad” "El señor Alcalde se felicita por 136 viviendas, cuyo precio obliga a las familias a endeudarse con hipotecas de 30 años.

Para un joven o una familia trabajadora de Mérida, 145.000 euros no son 'asequibles'; son una barrera insalvable en el contexto de precariedad laboral. La verdadera emergencia en Mérida es la falta de vivienda digna en régimen de alquiler social", afirma el comunicado. Unidas por Mérida insiste en que “las políticas basadas en la construcción ya demostraron a principios de este siglo que eran pan para hoy, pero hambre para mañana. En Mérida tenemos una oportunidad única de crear un parque público de vivienda rehabilitada, que reconquiste nuestros barrios para nuestros vecinos y vecinos, esto es una nueva oportunidad perdida.” Ç

La formación ha puesto en duda las cifras optimistas del alcalde sobre la situación del mercado inmobiliario en Mérida. "Mientras el alcalde cita estudios de plataformas de empleo que pintan una Mérida idílica, la realidad en la calle es que la gente joven sigue sin poder emanciparse. Hablar de 800 viviendas en previsión no resuelve la emergencia habitacional hoy, y el precio medio de alquiler que cita el alcalde, es real, lo que se le olvida comentar, es que es el producto de un aumento del 26% del precio del alquiler desde 2022", aseguran.

De esta forma Unidas por Mérida exige que el compromiso de destinar todos los recursos posibles a la compra y rehabilitación de viviendas como pilar del parque público protegido en el nuevo PGOU y se destinen tanto a vivienda de alquiler asequible gestionado por el Ayuntamiento y como a regímenes de concesiones, defienden que a la postre, el actual modelo propuesto por el Gobierno local del PSOE beneficia a promotores y acaba en manos de fondos. La coalición concluye: "No aceptaremos que la reserva del 30% sea una vía para que el suelo municipal se siga usando para hacer negocio a costa de la necesidad de vivienda de nuestros vecinos y vecinas".